podrán dar todas las noticias necesarias acerca del estado en que se halla la península los mencionados comisionados que van al Reino de Chile138. Cuando todavía no sabía que San Martín había roto las negociaciones de Miraflores, el 5 de octubre de 1820, Pezuela escribía al general en jefe del Alto Perú, Juan Ramírez, siguiendo la real orden del 11 de abril y dándole poderes y facultades para llegar a la firma de un armisticio con los gobernadores de Salta y Tucumán, reservándose siempre el virrey la resolución final. El documento combinaba el «discurso del Rey» de terminar con la guerra destructora, ofreciendo a los disidentes una «transacción racional», con once instrucciones, que eran la adaptación de las de la real orden del 11 de abril a la realidad rioplatense. El virrey le explicaba que se había reunido con San Martín en Miraflores sin que se hubiese llegado a ningún resultado porque sus comisionados alegaron no tener capacidad para tomar decisiones. Lamentablemente, acababa de conocer que los disidentes habían decidido continuar la guerra «del modo altanero y mal intencionado que ellos han acostumbrado siempre»139. El cometido de Ramírez sería enviar parlamentarios a Martín Güemes, el jefe más inmediato de los disidentes, para anunciarle que el rey había jurado la Constitución, que tenía «pacíficas miras» para América y que, por ello, buscaba conseguir una suspensión de hostilidades. Pezuela había pensado en el brigadier Pedro Antonio de Olañeta y el coronel Guillermo Marquiegui, que carecían de dotes diplomáticas y de conocimientos en derecho público, por lo que dejaba al arbitrio de Ramírez el nombramiento de comisionados y le adjuntaba instrucciones, adaptadas de la real orden del 11 de abril. Debía convidarse a los jefes y habitantes de las provincias del Río de la Plata a que adoptaran la Constitución y enviaran diputados a las Cortes españolas; y también se firmaría un armisticio mientras durara la negociación, señalándose los límites de los territorios que habrían de ocupar las fuerzas respectivas. Para vencer resistencias, se propondría a los gobernantes mantenerlos en el mando político y militar, subordinándose al virrey o, en su caso, al gobierno de la Península; ellos, además, debían ser informados de que el rey había resuelto enviar comisionados para que escucharan. Si los jefes de las provincias de Buenos Aires preferían enviar comisionados a Madrid, se les facilitarían salvoconductos; asimismo, se autorizaba a los comisionados para que ofrecieran ventajas personales a los jefes de los pueblos disidentes, especialmente al de la provincia de Salta, Martín Güemes, por su gran influencia. Por último, se trataría con un gobierno central 124
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