ofertas, dejando así la decisión al general del ejército de Chile (Manifiesto de 1820, 1976, pp. 38-40)129. Dado que la información se cruzaba, Pezuela no podía saber que el 30 de setiembre, desde el cuartel general de Pisco, San Martín le notificaba que había firmado el cese de hostilidades y confiaba en la reconciliación entre América y España. No pudo ser, pues el 4 de octubre, tras haber escuchado a sus comisionados y expirados los ocho días del armisticio, San Martín anunciaba que no le quedaba otra salida que «librar al éxito de mis armas el destino de los pueblos, cuya independencia he venido a proteger». No obstante, ello no impedía que, si Pezuela quisiera mandar diputados ante los gobiernos de Chile y de las Provincias Unidas, se le dieran las facilidades del caso (Manifiesto de 1820, 1976, p. 41). De inmediato, San Martín dio órdenes al general Álvarez de Arenales para atacar las provincias del sur y del interior en una campaña en la que ocuparía Nazca, Huamanga y Jauja, y que terminaba a comienzos de enero de 1821 cuando San Martín le ordenó unirse al Ejército de los Andes para preparar la entrada en Lima. La estela de Miraflores se prolongaría en una batería de notas oficiales y privadas que Pezuela y San Martín se dirigieron con un denominador común: el atribuir al otro la responsabilidad de la reanudación de la guerra y defender como propios los métodos civilizados para hacerla. El 5 de octubre, desde la nueva base de Chincha, San Martín abría el oficio del virrey del 1 de octubre, que corroboraba lo que ya sabía: que Pezuela no estaba autorizado para concluir un tratado de paz sino sobre la base «inadmisible» del juramento de la Constitución. De parte de Pezuela, dos comunicados fechados el 7 de octubre resumían su frustración porque no se había cumplido su objetivo de más de diez años de dar la paz a los pueblos de América. El 11 de setiembre había procedido a cumplir las instrucciones de la Península de tratar una reconciliación a partir de la jura de la Constitución política de la Monarquía y había ofrecido la suspensión de hostilidades sobre unos principios que le parecían razonables: el desarme de ambos ejércitos, el restablecimiento del comercio entre el Perú y Chile, y la indemnización debida por los gastos de la expedición con la que San Martín había «invadido» las costas del virreinato. Había agotado las vías de la razón y la justicia, y el mundo sabría a quién reprochar las consecuencias de la guerra130. Que Pezuela tuvo noticia de las Instrucciones del 15 de abril que desarrollaban y definían el marco general de la real orden del 11 de abril lo 120
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