rebelión, Antonio Navala Huachaca, Manuel Leandro, Manuel Meneses, Andrés Hacha y Antonio Huamán, eran muleteros (Méndez, 1996)75. Los dueños de fincas y los caciques indígenas también tuvieron un papel destacado en la facción civil del movimiento, como recaudadores de impuestos y jueces de paz locales. Los productores de coca se organizaron en un Consejo de Propietarios de Fincas para apoyar la rebelión. El consejo negoció con los líderes rebeldes y aceptó pagar impuestos, pero a cambio pidió que se modificaran sus montos y el modo de recaudarlos. A partir de ese momento la base imponible se calculó solo sobre la ganancia, es decir el monto resultante luego de la deducción de todos los gastos (salarios, abastecimiento, mantenimiento). Para impedir fraudes, los recaudadores rebeldes, muchos de los cuales también eran propietarios de plantaciones de coca, exigían que los trabajadores les dieran un comprobante con la indicación del salario que se les pagaba, ya que ese era el gasto más difícil de controlar. Los tres grupos consideraban que este nuevo sistema era justo, según cabe deducir del monto de los ingresos generados y los niveles relativamente altos de cumplimiento (Méndez, 1996, pp. 247-254). Con anterioridad a la rebelión, los aproximadamente doscientos treinta productores que vivían en la zona se habían negado año tras año a pagar impuestos a los funcionarios estatales. Los jefes indígenas, en su mayoría plebeyos y no aristócratas incas como en Cusco, desempeñaron un papel clave en la administración de justicia en las zonas bajo control rebelde. Los jefes aldeanos de Huanta, entre ellos Manuel Yngo y Manuel Leandro, se consideraban en primerísimo lugar como súbditos coloniales de España y no incas. Los criollos blancos y los mestizos de la zona que participaban en el movimiento también los veían de esa manera. Los jefes de las aldeas eran responsables de administrar justicia civil y penal y mantener el orden público en el territorio en poder de los rebeldes. Los jueces rebeldes de Huanta, a diferencia de sus pares cuzqueños, debían intervenir y hacer justicia en casos que implicaban a criollos, mestizos, sacerdotes e indígenas. También se daba el caso inverso: jueces no indígenas se desempeñaban con frecuencia en las aldeas (Méndez, 1996, pp. 258, 275-283 y 324-327). Las prácticas judiciales servían para desdibujar las barreras étnicas que seguían dividiendo a los peruanos. Desde el punto de vista étnico, el ala militar del movimiento estaba tan integrada como su facción civil. Los líderes rebeldes de Huanta, entre ellos Antonio Huachaca, Tadeo Choque, Martín Ccente y Huamán Arancibia, se 78
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