hechos fin a su campaña (R. Ramírez, 1974[1813]; López de Segovia & Valer, 1974[1813]). Los otros miembros de los Abogados retomaron la movilización en nombre de los arrestados y en las siguientes semanas visitaron las ocho parroquias de la ciudad. En las de San Jerónimo y San Sebastián, las de mayor población indígena y plebeya, repartieron dos mil ejemplares de la Constitución, aunque la enorme mayoría de los residentes eran analfabetos y no podían votar (Valer, Lechuga & de Olañeta, 1974[1813], pp. 23-27). En palabras de uno de los abogados, «no teníamos ejemplares suficientes de la Constitución, de modo que la plebe ignorante la partió y cada uno se llevó un pedazo [del documento]» (Sala Consistorial, 1974[1813], p. 183). Para los indígenas, la Constitución tenía poderes espirituales y mágicos: cada pedazo era un talismán que podía utilizarse para protegerlos de los espíritus malignos. Las relaciones sociales hicieron posible que los abogados, sacerdotes, comerciantes, artesanos, indígenas y plebeyos de Cusco superaran sus diferencias culturales y participaran de un mismo movimiento. El día de los comicios, los constitucionalistas, en número de mil, marcharon hacia la plaza principal con la consigna de elecciones libres. Después asaltaron la cárcel, liberaron a los abogados y detuvieron a los magistrados, que los acusaban de «falta de disciplina y racionalidad» (López de Segovia & Valer, 1974[1813], p. 41). Los manifestantes procedieron luego a quitar todos los emblemas e insignias coloniales de los edificios públicos y juraron defender la Constitución; el juramento rezaba que «la soberanía reside en la nación misma» (García Pumacahua, Valer & Ochoa, 1974[1813], pp. 32-34). Meses después, los funcionarios municipales recién elegidos se reunieron con hombres de la Iglesia y sectores de la élite y decidieron por votación establecer un gobierno rebelde en Cusco. Tras disolver la Audiencia y el Cabildo, el nuevo gobierno —que incluía a José Angulo, un comerciante; Pumacahua, un noble indígena y José Armendáriz, obispo de la ciudad— envió una carta al virrey, en Lima, en que le explicaba que la gente de la zona había «respondido al llamado de la naturaleza, la razón y la ley», y que ahora el resto del Perú debía seguirlos (Corbacho Lechuga, Valer, Neyra y otros, 1974[1814]; 1974[1813]). Luego de disolver la Audiencia, el Cabildo y la milicia local, el gobierno rebelde se dividió en dos sectores, civil y militar, pasando así por encima de la dicotomía entre lo secular y lo religioso que había prevalecido en la vida pública de fines del período colonial (Angulo, Moscoso, Ferrandiz y 74
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