Si la experiencia de la familia Dávalos y Lissón era tan común como lo sugieren sus miembros, cabe deducir que la mayoría de las familias de la élite de Lima perdieron a alguno de los suyos en la defensa de la patria. No afirmo que la élite estuviera unificada y fuera patriótica (Guerra Martinière, 1993, pp. 305-314). Recuérdese que durante la guerra integrantes de ese sector organizaron tres gobiernos rebeldes, cada uno de ellos con su legislatura y su ejército, que proclamaban ser el único representante de la nación peruana (Guerra Martinière, 1993, pp. 75-77 y 204-210)170. Algunas de las familias más privilegiadas de la capital se preocupaban sobre todo en preservar su interés particular e hicieron poco por proteger a su patria; sin embargo, aun las más patrióticas parecían carecer de la experiencia política y las aptitudes asociativas que se requerían para formar un gobierno rebelde en condiciones bélicas. Las élites regionales también estaban divididas, aunque por diferentes razones. Tras la captura de Lima en enero de 1881, el ejército chileno envió la mitad de sus tropas al norte a ocupar las ricas plantaciones azucareras del departamento de Cajamarca, y la otra mitad se encaminó hacia el este a tomar Junín, el departamento de mayor dinamismo económico de todo el país. En previsión de la invasión, los notables locales de Hualgayoc (Cajamarca) y zonas circundantes se reunieron para planear la defensa de la ciudad. Pero en vez de unirse, salieron a la superficie viejas animosidades que dividieron la asamblea en dos facciones. Cada una de ellas se armó por su propia cuenta, reclutó trabajadores de sus fincas y abrió fuego contra los integrantes de la otra (Taylor, 1996, p. 16). En el valle de Mantaro y Cerro de Pasco, Junín, la mayoría de los propietarios de fincas (diecinueve y dieciséis, respectivamente) fueron acusados por campesinos e indígenas locales de colaborar con los chilenos (Manrique, 1981b, pp. 179, 198-199 y 399-400; Bonilla, 1974, p. 229). Es difícil saber si era cierto. Los patriotas rebeldes confiscaron, dividieron y distribuyeron sus tierras y ganados en beneficio propio, causando un pánico generalizado entre los notables de todo el país. Muchos de ellos apoyaban a Miguel Iglesias, uno de los terratenientes más ricos de Cajamarca; para recuperar el control de la vida rural, acordaron ceder el departamento de Tarapacá y su abundante nitrato a Chile, a cambio de poner fin a la guerra (Dammert Bellido, 1983, pp. 109-114). Las negociaciones entre Iglesias y el general chileno Patricio Lynch generaron profundas divisiones dentro de la élite nacional y las élites regionales y entre ellas, e impulsaron a miembros de cada grupo a formar gobiernos 223
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