a ser tan generalizada que los editores de El Comercio lanzaron una campaña para combatirla: «nunca vacilaremos en criticar [a ningún funcionario municipal] cada vez que hayan traicionado el interés público; sin embargo, nunca los acusaremos de ninguna falta a menos que tengamos pruebas para respaldar nuestros dichos» (El Comercio, 1868b, p. 2)167. El cinismo público se convirtió en una profecía autocumplida que se alimentaba a sí misma y devoraba todo lo que encontraba a su paso, incluida la vida municipal. Durante las campañas para las elecciones presidenciales, los funcionarios estatales politizaban los gobiernos municipales y contribuían así a erosionar la ya poca confianza que el público tenía en ellos. Los funcionarios municipales tenían un papel clave en los comicios y eran responsables de compilar padrones, instalar mesas electorales y casillas de votación en cada distrito y reunir y enviar todos los votos emitidos a Lima, donde miembros del Congreso los escrutaban y verificaban. En vez de usar los limitados fondos que recibían del Estado central para cubrir la atención de la salud, la enseñanza y otros servicios básicos en beneficio de los residentes, los funcionarios municipales empleaban ese dinero para comprar bebidas alcohólicas y comida y sobornar a los votantes con el fin de que se inclinaran por los candidatos oficialistas: Los fondos pertenecientes a nuestras municipalidades se han dilapidado en la organización de conjuras políticas. […] Para poner fin a esta situación, exigimos que el público tenga pleno acceso a sus libros de cuentas y pueda inspeccionarlos. […] Circulan rumores de que en algunas municipalidades los funcionarios han borrado la entrada original, reescrito la información y en ciertos casos hasta arrancado varias páginas del libro. […] No hemos aprovechado del todo nuestras municipalidades, que tuvieron su origen en la revolución de 1854. […] El Consejo de Ministros debe intervenir de inmediato y reformarlas (El Comercio, 1857b, p. 2). Es probable que aun los residentes más pobres del altiplano andino hubieran pagado una parte de sus impuestos municipales de haber estado convencidos de que el dinero se invertiría en mejorar la vida pública y no en solventar la campaña electoral de los candidatos oficialistas. Los funcionarios municipales también se valían de sus facultades administrativas para castigar a los residentes que habían votado al candidato opositor, como una manera de disuadir a otros de hacer lo mismo. En Junín, Huancayo y Huaraz, agentes del municipio organizaron 215
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