Otras amenazas pesaban sobre la vida municipal. La corrupción y el fraude eran sin lugar a dudas un problema; con todo, no eran en modo alguno tan nocivos para el gobierno local como la completa falta de confianza de la ciudadanía en la totalidad de las instituciones públicas. La mayoría de los municipios, como he señalado unas líneas antes, eran sencillamente demasiado pobres para proporcionar a los funcionarios corruptos un ingreso suficiente; en todo caso, ahora que el Estado central subsidiaba en parte a las municipalidades, los libros de cuentas de estas estaban sometidos a un control regular166. Según las fuentes que he estudiado, el principal problema en casi todas las municipalidades estribaba en que la mayoría de los ciudadanos no confiaba en ningún funcionario público. Sentimiento nada sorprendente, dada la falta de civismo vigente en el país hasta poco tiempo atrás. Después de ser falsamente acusados de malversación de fondos, los funcionarios municipales de Huánuco respondieron: «En nuestra comunidad todo el mundo es más o menos pobre y hay poca diferencia entre quienes brindan asistencia y quienes la solicitan. […] Como usted ya sabe, a menudo tenemos que mendigar para cubrir nuestros gastos más elementales» (El Comercio, 1877d, p. 1; 1864a, p. 2). En efecto, así sucedían las cosas en Huánuco, una de las comunidades más indigentes del país. Acusaciones similares se lanzaban con frecuencia contra los miembros del gobierno municipal de Lima. Aunque su tesorería guardaba caudales relativamente grandes y sus funcionarios eran adinerados y tenían ambiciones políticas, las fuentes primarias y secundarias que he consultado no exponen prueba alguna de corrupción. Pese a ello, los residentes locales no dejaban de acusar a los funcionarios municipales de venalidad y coimas: nuestra municipalidad es rica, pero eso no es motivo para acusarnos de corrupción. […] Este craso error no deja de ser propagado por la opinión pública. La facilidad con que siempre se ataca y socava a nuestras instituciones públicas no hace más que contribuir a su destrucción (Ulloa, 1856, p. 10). Los funcionarios estatales y los intelectuales públicos de todo el país solían señalar la completa desconfianza que la ciudadanía sentía por los gobiernos locales, lo cual hacía difícil reclutar apoyo para ellos (Carrillo y Ariza, 1874, p. 1; Izaguirre, 1874, p. 1; Montero, 1874, p. 1; Cornejo, 1874, p. 1; Castillo, 1874, p. 1; Ybar, 1874, p. 1; Pacheco, 1874, p. 1; Torre, 1874, p. 1). La falta de confianza en las instituciones públicas llegó 214
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