Los aldeanos indígenas y los propietarios de fincas organizaron cooperativas para defender sus tierras y derechos de aguas y atacarse mutuamente. En el departamento norteño de Piura, los aldeanos indígenas del distrito del valle inferior, una zona que incluía la ciudad de Piura y las comunidades agrícolas vecinas, entre ellas Sechura, Castilla, Tambogrande y Catacaos, crearon la Sociedad de Agricultura (1867) para proteger sus tierras y derechos de aguas contra los dueños de las plantaciones algodoneras que vivían en el valle superior. En agosto de 1867 la Sociedad convocó a sus asociados de la zona a un mitin público en la plaza principal de Catacaos. Acudieron más de dos mil «personas de ambos sexos», según las palabras de un contemporáneo, y «luego de entonarse el himno nacional», el señor Juan de la Rosa Castro, un directivo de la asociación, se dirigió a la multitud: La ley nos otorga el derecho a reunirnos, y es por eso que nos hemos congregado aquí. [Nuestro] objetivo es juntar a todos los que tengan una parcela de propiedad comunal y que hasta ahora la han irrigado por su cuenta, sin ayuda del gobierno nacional ni de nadie más. […] Para reunir todos los documentos necesarios a la defensa de los terrenos y aguas de la comunidad, es muy urgente contar con un fondo para todos los gastos (citado en Villegas, 1982, pp. 269-270)153. La Sociedad se oponía a que los dueños de plantaciones de algodón construyeran una represa en el río Piura. El desvío de las aguas para regar sus campos habría dejado sin ellas a los agricultores indígenas, un grave problema en esta zona semiárida. Una de las medidas de la Sociedad de Agricultura consistió en organizar a los aldeanos locales en brigadas de trabajo, que se turnaban para dragar una serie de represas y canales de riego que iban desde el río Piura hasta sus pequeños algodonales. La asociación también loteó diversos terrenos y gestionó ante las autoridades municipales el otorgamiento de títulos de propiedad a sus asociados. La Sociedad negociaba en representación de todos sus miembros e impedía que los propietarios algodoneros sobornaran a algún aldeano para que les vendiera su propiedad, e introdujera así una cuña en medio de la comunidad (citado en Villegas, 1982, p. 258). Para imponer la solidaridad entre sus miembros, la entidad apelaba a varios expedientes. A cambio del acceso al agua, los asociados debían trabajar tres días por mes en el despeje y el dragado de los canales de riego: en caso de necesidad, «por las mujeres y niños de menor edad, trabajarán sus padres, maridos, hermanos o peones, sin cuyo requisito no podrán tener el 198
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