afiliados podían comprar alimentos de la canasta familiar a precios mayoristas. El Ministerio de Obras Públicas invitó a la Sociedad a transformarse en una institución semipública bajo el patrocinio del gobierno, pero sus miembros rechazaron la generosa oferta. A su entender, el Estado peruano «centraliza todo» en su curso, y la única manera que los ciudadanos tienen de impedir que así suceda consiste en mancomunar los recursos de ricos y pobres: «a fin de prosperar y satisfacer nuestras necesidades más elementales, es preciso que la clase media, el proletariado y los ricos se asocien» (Martí, 1871, p. 24). Según el parecer de la Sociedad, los ricos, en virtud de su experiencia en la sociedad económica, eran responsables de «guiar» a los otros dos sectores. Su versión de la vida asociativa tenía sus raíces en una variante del «corporativismo» social, basado en la reciprocidad y la jerarquía. Hacia 1873 había diez bancos comerciales que otorgaban préstamos a pequeños agricultores y acaudalados terratenientes, con una tasa de interés que era un 40% más baja que la que les aplicaban los prestamistas (Quiroz, 1986; Macera, 1977a-4, pp. 134-156)151. Agricultores y dueños de plantaciones del departamento costero de La Libertad, en el norte, tomaron préstamos por unos treinta millones de pesos en un período de cinco años. Con ese dinero pudieron comprar herramientas y equipos agrícolas, contratar más trabajadores y adquirir o arrendar parcelas de tierra para incrementar su producción. La política de préstamos de los bancos era generosa; los productores rurales debían presentar los títulos demostrativos de que eran propietarios de sus tierras, que los bancos utilizaban como garantía de su inversión. La disponibilidad de créditos y la formalización de los derechos de propiedad estimularon la producción, condujeron a la comercialización de la vida agrícola y generaron una feroz competencia por la tierra, la mano de obra y los derechos de aguas entre los grandes y los pequeños propietarios de toda la región (Macera, 1977a-4, p. 91; Camprubí Alcázar, 1957, pp. 63-85). Un importante economista e influyente reformador, Jean Baptiste Martinet, describía así la situación: La distribución de tierras a lo largo de la costa es un serio problema, debido sobre todo a la falta de suministro de agua y la necesidad de riego. […] Esta situación ha producido constantes disputas y sangrientos choques entre los productores rurales de la costa. Los propietarios han expandido sus tenencias, obtenido el control del valle y expulsado a los [agricultores] que vivían antes en él (Martinet, 1977[1877])152. 197
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