organizó foros públicos e invitó a los miembros a debatir cuestiones polémicas como la necesidad de reformar los sistemas bancario y judicial. Aunque estos y otros cambios que se realizaron contribuyeron a la difusión de prácticas cívicas en el Colegio, este siguió ocupando un lugar menor dentro de la sociedad civil. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos (1872) nació en el mismo momento en que el Estado ponía en marcha lo que iba a ser su proyecto más ambicioso en el terreno de las obras públicas. El gobierno del Perú había decidido invertir una gran parte de los ingresos obtenidos con el guano en la reparación de rutas y la construcción de un sistema de carreteras entre Lima y las distintas capitales departamentales y entre estas y las ciudades pequeñas de la región; el tendido de vías férreas y la construcción de puentes para conectar a los residentes del altiplano con quienes vivían en el llano y la costa, y la construcción de puertos, instalaciones de atraque y depósitos a lo largo de la costa del Pacífico. El gobierno invertía cuantiosas sumas en todos estos programas, convencido de que con ello se alcanzarían el desarrollo socioeconómico y la integración nacional. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos estableció estrechos vínculos con el Ministerio de Obras Públicas. Muchos de los contratos beneficiaban a ingenieros y arquitectos de la entidad, lo cual era un incentivo para que otros quisieran incorporarse al grupo y gozar de las ventajas de sus lazos con el Estado. Tanto en la asociación como en el ministerio, la corrupción aumentó a un ritmo desenfrenado. Miembros de la primera sobornaban a empleados públicos encargados de evaluar las propuestas y autorizar los contratos. En un informe escrito al ministro y publicado por la asociación en su anuario, un directivo de esta última resumía así la situación: la mayoría de los contratos se han asignado sobre la base del «tráfico de influencias y el favoritismo […] y no de la inteligencia y el trabajo duro […]. [Nuestros asociados se han acostumbrado] a vivir de los dineros públicos» (Colegio de Ingenieros del Perú, 1874-1, pp. 6-7). En el afán desordenado de hacer fortuna, los asociados presentaban propuestas que, desde un punto de vista técnico, estaban mal concebidas: «sus propuestas son defectuosas. […] Cuando una de sus empresas vende al Estado, por ejemplo, un ferrocarril o un proyecto de riego, sus planes no se basan en un estudio cuidadoso, serio y exhaustivo» (Junta Central del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, 1874, p. 8). 176
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