Moral pública, revolución política y descentralización del poder En la década de 1850, la venta de guano suministró al tesoro nacional ingresos que triplicaban los anteriores y permitió así a los funcionarios gubernamentales destinar una buena parte de esas rentas a modernizar el Estado y pacificar a los caudillos militares de todo el país. Como parte de esas reformas, los funcionarios reemplazaron viejos reglamentos y códigos jurídicos coloniales por otros liberales y republicanos que protegían la propiedad y los derechos personales, consagrados en el primer Código Civil y Comercial del país, de comienzos de la década de 1850. El historiador jurídico Fernando de Trazegnies ha aclarado el significado de estos códigos para la vida pública: La principal inquietud no era crear un marco jurídico para la introducción de una economía liberal. Antes bien, la prioridad fundamental era organizar un Estado […], y por eso el orden legal que surgió, aunque inspirado en premisas liberales, persiguió metas completamente ajenas a ellas (1992, pp. 47-48, 201-202 y 325335). En el Perú, esos códigos allanaron el camino a la formación de un Estado nacional y no al desarrollo de mercados económicos, como había sucedido en Europa Occidental y los Estados Unidos. Los códigos dieron un marco legal a los derechos de propiedad, al facultar a comerciantes y terratenientes a exigir indemnizaciones monetarias del tesoro nacional por las pérdidas que habían sufrido en 1854 a raíz de la abolición de la esclavitud decretada por el gobierno. En menos de un año, funcionarios del tesoro pagaron alrededor de siete millones y medio de pesos a casi dos mil expropietarios de esclavos, la mayoría de los cuales vivían en el departamento de Lima. Las condiciones del acuerdo eran excesivamente generosas, ya que el tesoro pagaba hasta trescientos pesos por cada esclavo, con prescindencia de su verdadero valor de mercado: los ancianos débiles se valuaban en la misma suma que los jóvenes y fuertes. Muchas otras irregularidades caracterizaban el proceso: los propietarios declaraban a menudo más esclavos de los que habían tenido y reclamaban una indemnización por otros que, en realidad, habían pagado su propia manumisión (Quiroz, 1987, p. 159)114. Este código fortaleció el poder económico de los propietarios de Lima, uno de los principales respaldos del régimen autoritario en el país, y con ello debilitó aún más, paradójicamente, los cimientos liberales y democráticos de la sociedad política peruana. 127
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx