La mayoría de los mercachifles que venden barandas de escaleras en el Portal de Botoneros son indios; muchos de ellos también trabajan el cuero y la plata (Tschudi, 1966, p. 114). Los indígenas de Lima, junto con los esclavos, a menudo pedían pequeñas sumas de dinero y mercaderías a crédito a los comerciantes ricos y los propietarios de bienes raíces, y al hacerlo entendía que, de no cancelar sus deudas con puntualidad, perderían la libertad cívica. A menudo los acreedores obligaban a plebeyos e indígenas a trabajar como siervos y peones (Hunefeldt, 1994, pp. 170-171). Las prácticas crediticias se manejaban con códigos raciales y forzaban a los grupos no pertenecientes a la élite a actuar con precaución en sus tratos financieros, una experiencia que los hizo cada vez más conscientes de los límites de la libertad cívica y el significado de la civilidad. En Arequipa, donde la vida comercial era más igualitaria, los plebeyos pedían prestadas pequeñas sumas de dinero a diversos individuos, de ordinario sus pares, en vez de solicitarlas a un solo patrón acaudalado, y de ese modo evitaban el riesgo de quedar endeudados y perder su libertad cívica. Alrededor del 43% de todos los préstamos pendientes registrados en los archivos notariales de la ciudad durante la década de 1840 estaban por debajo de los veinticinco pesos, y más del 73% eran de menos de cien pesos (Chambers, 1992, pp. 140-141 y 393-397). Una deuda impaga asumía un significado diferente cuando el prestatario era un plebeyo de piel cobriza y no un miembro de la élite de piel clara, como un recordatorio de que el dominio económico, bajo el control de los miembros del Tribunal del Consulado, seguía siendo jerárquico y anticívico. Décadas de guerras civiles radicalizaron las prácticas económicas y llevaron de tal modo a algunos empresarios regionales exitosos a hacer aportes en dinero a comandantes de distintos bandos, actitud que contribuía, no deliberadamente, a aumentar la incertidumbre social y económica que perjudicaba sus propias prácticas comerciales. En 1835 el prefecto de Arequipa obligó a la élite a «donar» entre dos mil y seis mil pesos, dinero que utilizó para costear la defensa de la ciudad; quienes se negaron a aportar fueron acusados de simpatizar con el enemigo. De todas maneras, y a pesar de la «colecta», el general Salaverry capturó la ciudad y volvió a sacarle dinero a la élite, esta vez como castigo por haber financiado al ejército derrotado; las casas de quienes se resistieron fueron asaltadas y saqueadas (Wibel, 1975, pp. 401-402; Tristán, 1946, pp. 242257)94. Estas condiciones extremas indujeron con frecuencia a los 104
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