eliminar normas inaplicables y que impiden la intervención profesional; tender a la simplificación de un aparato normativo y burocrático que resulta complejo y caro. La exigencia del retiro no es el único requerimiento normativo que debe simplificarse, pero constituye el punto medular del conflicto. Se propone un sistema normativo muy simple, que propicie un resultado basado solo en lo que es posible y en el sentido común. 4. La elaboración de una política integral de vivienda, que contemple cambios en la ley del inquilinato, el sistema de hipoteca y un nuevo uso de los recursos del Estado (impuesto del Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi). La propuesta describe un proceso gradual, autorregulado; una transformación en pequeña escala, pero generalizada; un cambio radical no dirigido por una planificación centralizada. Se propone que el Estado invierta los recursos destinados a la vivienda (impuesto del Fonavi) inyectándolos en un sistema financiero que impulse esta transformación. Esto permitiría que cada propietario potencie su pequeña propiedad gracias a un sistema masivo de hipoteca social. Complementariamente, la liberalización de la ley del inquilinato permitiría regular el posible alquiler de las nuevas viviendas, así construidas, en función del pago de dicha hipoteca. Se ampliaría, de este modo, la oferta de vivienda en alquiler, dramáticamente ausente en la situación actual. Esto constituye una política alternativa para la inversión del Estado, cuya participación directa se debe concentrar en obras de infraestructura urbana (transporte, saneamiento) y no en la construcción de vivienda. Esto último queda trasladado a la sociedad civil. 176
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