Justicia profana. El jurado de imprenta en el Perú

kilómetros de la comunidad de Huari, todo esto para construir una iglesia en Huancayo (La Evolución, 11 de octubre de 1918). El 30 de septiembre de 1918, el sacerdote dirige una carta al señor Alejandro Ruíz —que luego se publicaría en La Evolución— en el que muestra su extrañeza por haberse enterado de que se habían dispersado a los indígenas de la comunidad de Huari cuando se dirigían a realizar trabajos comunales para la obra de la iglesia. «Los desgraciados indios que no conocen sus derechos fueron amenazados por Ud., con la cárcel, si trabajaban como debían haberlo hecho sin intervenir usted» (La Evolución, 11 de octubre de 1918). Explicaba y contrastaba dicha afirmación el inspector Alejandro Ruíz: Los indígenas… están bajo el amparo de la inspección municipal, la que tiene obligación de velar por sus intereses y no dejar que los párrocos exploten sus servicios, colocándolos en la esfera de bestias de carga, tanto más, cuanto que esa comunidad estaba compuesta de niños indígenas de 10 a 14 años, a quienes se les obligaba a trabajar forzados de acarreo de piedras, sin remuneración alguna, de la cantera vecina que dista de la población tres kilómetros (La Evolución, 4 de octubre de 1918). Alejandro Ruiz manifestaba que ya no había esclavos en el Perú, así también agregaba que los servicios gratuitos estaban prohibidos expresamente (La Evolución, 4 de octubre de 1918). A juicio del inspector, no había necesidad de esos trabajos forzados que comprometían a niños y adolescentes, cuando el cura Luis Teófilo Márquez contaba con un presupuesto de 75 mil soles para la edificación de la iglesia, que cubría el pago de los obreros (La Evolución, 11 de octubre de 1918). Señala el inspector que, conforme al presupuesto, se debiera pagar a los trabajadores entre uno a dos soles por la construcción de la iglesia. Lamenta que el cura se aprovechara de servicios gratuitos, que están prohibidos expresamente, «porque ya no hay esclavos en el Perú» (La Evolución, 11 de octubre de 1918)59. Pronto surgió la sospecha en la comunidad (o, por lo menos en la cabeza del inspector Ruíz) que el sacerdote Teófilo Márquez había tomado para sí los 75 mil soles que se le había entregado. Le exigía aclarar qué había hecho con el dinero asignado para la construcción de la iglesia. Las denuncias en ese sentido no cesaban. La comunidad exigía «la expulsión de este sacerdotillo, so pena de recurrir a las vías de hecho». Incluso, la población había —asegura lapidario— «elevado un memorial denunciando todas sus tropelías»60. 215

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