la hacienda Huairuro-Kente, aprovecharon sus enemigos la ausencia del subprefecto Ponce para retenerlo junto a su esposa y someterlos a vejámenes. Así, el 7 de noviembre de 1900 se les ató y envolvió con frazadas; registraron baúles y extrajeron ocho mil soles de su propiedad. ¿Por qué se hostigaba tanto al juez Mariano Espinoza? Los hermanos Carlos y Antonio Dolmos de Olivera cuestionaban su actuación como magistrado. Le imputaban una serie de irregularidades, como haber puesto en libertad a Juana Salas, acusada de abigeato de un torillo y el homicidio de su abuela Úrsula Pilco, así como haber ordenado la libertad de Pedro Puma y recibir a cambio 50 soles y una vaquillona. Sus adversarios afirmaban que era frecuente que el magistrado cobrase dádivas ilícitas en ganado al punto que mandaba que pastasen en las fincas de Sullupucyo y Bandoja (El Comercio, Cusco, 11 de enero de 1901). Mariano Espinoza culpaba de tales hechos al propio subprefecto, Justo P. Santos, por no «cumplir sus deberes en los momentos en que era amenazado por un complot formado ad hoc» (El Comercio, Cusco, 11 de enero de 1901). El subprefecto aclaró que el malestar popular se debía a la pésima administración de justicia. Recuerda que se seguía un juicio de remoción contra el juez Espinoza, cuyas actas fueron firmadas por la mayor parte de los vecinos de Anta. «Ese pueblo [puntualiza Santos] en el momento que supo que el juez se retiraba, corrió a su encuentro, y formándole calle, le insultaban a gritos, preguntando unos por sus expedientes, y reclamando otros por sus torillos, ovejas, bueyes, cerdos, etc. que le habían dado por alcanzar justicia» (El Comercio, Cusco, 25 de diciembre de 1900). Mariano Espinoza, entonces convaleciente, negaba con dramatismo las acusaciones de corrupción que aparecieron en El Comercio del Cusco. Presentó una denuncia por abuso de imprenta, a la vez que se tramitaba, de oficio, un juicio criminal por delito de robo de diez mil soles a partir de la declaración testimonial del indígena Mariano Lloclla contra los enemigos del juez. Según Lloclla —campesino quechuahablante a quien el juez de primera instancia del Cusco, Adolfo Olivera Allende, interrogó mediante intérprete—, la noche del 7 de noviembre, mientras se hallaban dormidos, el pongo Juan Sinchi, por orden de los invasores, les hizo despertar para que ingresaran todos los sirvientes a una habitación, «con el encargo especial de que no hablaran una palabra». Desde la rendija de la puerta pudieron observar que los asaltantes que portaban velas encendidas habían atado al propietario de la hacienda, Manuel M. Cáceres, amigo del juez, 193
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