jueces de hecho que debían declarar sí habría o no lugar a la formación de causa: «al citarlos, se vino en conocimiento de que varios de ellos se encontraban ausentes, por cuya razón debió remplazarse a los ausentes. Han transcurrido veinte días y no se ha cumplido con este deber no obstante lo dispuesto en el artículo 30 de la ley de imprenta» (AMPA, expediente s/n, escrito fechado em Arequipa, el 10 de diciembre de 1898). Por una resolución del 7 de diciembre de 1898, se aprecia que la Municipalidad de Arequipa, ante una solicitud del denunciante, resolvió: «Vista la solicitud de la vuelta, y no habiendo podido citarse al jurado por las recargadas labores del honorable concejo. Cítese nuevamente para las 3 p.m. del martes 13 del que cursa. Regístrese». En efecto, el 13 de diciembre solo faltó un juez de hecho, el señor Mariano Marina, «de quien se tuvo noticia de estar ausente de la ciudad». Ante las constantes postergaciones y debido a que no llegó a reunirse el jurado, el 3 de febrero de 1902, casi tres años después de los hechos, García Suárez dispuso: «Resultando muy atrasado este expediente: archívese» (AMPA, expediente s/n, archivo del expediente fechado en Arequipa, el 3 de febrero de 1902). 31. UN AGRICULTOR DESCONTENTO Y UN FISCAL COMEDIDO El 17 de enero de 1899 Roberto Llosa publicaría, bajo el título «Arequipeños», un volante a nombre de las familias de los valles de Arequipa, Cusco y Moquegua en el que cuestionaba la inagotable sed tributaria del Estado y el consecuente establecimiento de numerosas cargas tributarias. Si antes fueron los gravámenes al guano y al salitre, «hoy los impuestos a la sal, al opio, a los alcoholes, constituyen el filón». Cuestionaba Llosa, quien militaba entre los grupos económicos perjudicados, que en el gobierno de Nicolás de Piérola se había promulgado la controvertida ley del impuesto a los alcoholes, que distaba de ser una «genuina representación de los pueblos», que afectaba mortalmente a los pueblos el sur, «una ley —en fin— que es de hambre para los ciudadanos que vivimos del duro trabajar en nuestros valles malditos, en una ley infamatoria para el Congreso que la ha dado». A juicio de Roberto Llosa: «La novísima ley del impuesto a los alcoholes será siempre la ignominia del Congreso de 1898, pues para darle apariencia de justicia tuvo que apelar a la mentira de declarar en bancarrota a la hacienda del Perú; y porque está dirigida a enriquecer a mucha gente ociosa de la capital a expensas de los departamentos de 185
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