El 30 de setiembre de 1895 fueron elegidos miembros del jurado el escritor Ricardo Palma, Juan Pedro Alcázar, Carlos M. Espinoza, Francisco Moreyra R., Fernando Gonzales Z., Felipe Zúñiga y Maximiliano Gonzales Olaechea, todos ellos ciudadanos conocidos de la ciudad de Lima que firmaron en señal de aceptación (AHM, Concejo Municipal, jurado de imprenta, legajo 3, 1895-1906, declaración del primer jurado, del 7 de octubre de 1895). Días más tarde, el 7 de octubre de 1895, reunido el jurado, declaró no haber lugar a formación de causa. Otra vez se imponía la libertad de expresión. 29. UN ALCALDE QUEJOSO Y UNOS NOTABLES OFENDIDOS Hacia fines de 1897, en el número 2032 del diario El Deber (3 de diciembre) de Arequipa, José M. La Cuesta, exalcalde del recién creado distrito de Miraflores, mediante un «Manifiesto del alcalde de Miraflores a sus conciudadanos de esta localidad», presentaba las razones que lo llevaron a renunciar al cargo. Explicaba el funcionario renunciante que, no obstante diez meses de esforzado trabajo para conseguir que el Concejo Provincial fijase una renta mínima para su distrito, a fin de atender las necesidades básicas como la compostura de pistas en estado deplorable, ello no se había logrado. Admitía haberse entusiasmado ante la iniciativa de los senadores Francisco García Calderón, José Antonio Vivanco y el coronel Recabarren que, en las cámaras legislativas, lograron reconocer a Miraflores como distrito, otorgándole vida propia. José M. de la Cuesta se quejaba de haberse omitido el cumplimiento del artículo 134 de la ley municipal: «Que son renta de los concejos de distrito la parte de arbitrios provinciales que se cobren en él». Todo intento para hacer cumplir esa norma resultó inútil. Ni siquiera con el concurso de personas notables, como el doctor Mariano C. Valdivia, se logró la renta que dispone la ley municipal. Cuestionaba al Concejo Provincial de Arequipa por haber aprobado, merced a las gestiones del presidente (el alcalde) Hipólito T. Mercado, un subsidio miserable de 50 soles por el arriendo del camal y 37 soles por el mercado, que a lo sumo sirvió para la compostura de las calles y el pago de un secretario amanuense y de un comisario, la compra de un escritorio y los gastos de alquiler de la casa consistorial. La situación llegó a un punto crítico cuando se exigió a la Municipalidad de Arequipa que enviase cuadrillas de trabajadores para 180
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