tribunal superior; este la admitió y pidió los autos originales, ordenando al mismo tiempo que el juez suspendiera todo procedimiento. Se me ha asegurado que el oficio del secretario llegó a manos del diligente juez, cuando este redactaba ya la orden de aprehenderme. Esto sucedía a fines de octubre o principios de noviembre. Hasta aquí no se encuentra el generoso desistimiento del ex ministro (El Mercurio, 2 de julio de 1863). El Congreso debió intervenir e hizo bien en cortar los procesos de imprenta que se impulsaban con jueces comunes. Al poco tiempo, los jurados serían restaurados. La ley del 23 de mayo de 1861 derogó el decreto del 25 de marzo de 1855. Así, se restituyó enteramente la vigencia de la ley del 3 noviembre de 1823 que regulaba el jurado: «Queda derogada el Decreto Dictatorial de 25 de marzo de 1855, se declara: En toda su fuerza y vigor, la Ley de 23 de noviembre de 1823, mientras el Congreso acuerda lo que tenga por conveniente». 15. UNA ALIANZA ACABADA Y UNA MATRONA DISGUSTADA La revolución de 1854 no solo había puesto fin a la presidencia del general Echenique, sino también, temporalmente, a la alianza entre los liberales y Ramón Castilla. Merced a este pacto, los liberales lograron la aprobación de un reglamento electoral bajo el cual se eligieron representantes de la Convención Nacional de 1855 que elaboró la Constitución de 1856 (Monsalve, 2005, p. 223). Con el advenimiento de la Constitución de 1860, en el gobierno de Castilla, se había generado una disputa con la Convención liberal, que naturalmente defendía la Constitución de 1856 de la cual había sido artífice. En este escenario, aparece un comunicado en El Comercio, en el que Miguel Baquero informaba que, en la madrugada de ese día, había tenido lugar un motín, al parecer perpetrado por la tropa franca del batallón Lima 14 en la casa del entonces presidente Ramón Castilla, atentando contra la vida de este37. Sobre estos hechos acaecidos en la madrugada del 23 de noviembre, apareció el artículo «El partido liberal y el asesinato del general Castilla» (El Comercio, 24 de noviembre de 1860), que sostenía que los autores detrás del atentado formaban parte de la Convención y que el intento de homicidio estaba asociado a la revuelta que lideró el general Fermín del Castillo en 1856. En una línea crítica del texto constitucional, se decía de él que era «un cuaderno plagado de utopías que entraba la acción del 123
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx