se alcanzaría una paz negociada, sentenciaba Altamirano, cuando los adversarios aceptaran las condiciones que Chile consideraba imprescindibles para su propia seguridad. De acuerdo al razonamiento del plenipotenciario, no había motivo alguno para entregar a otras manos, por muy honorables que ellas fueran, una decisión que Chile debía adoptar soberanamente sobre su destino y el de sus ciudadanos. Cualquier arbitraje acordado después de una sangrienta lucha y, más todavía, luego de una victoria, no podía catalogarse como solución aceptable si con ello se corría el riesgo de dejar en absoluta indefensión a poblaciones «esencialmente chilenas», que no aceptarían bajo ningún argumento ser abandonadas, mientras vivían y prosperaban al amparo de la bandera nacional, solo para satisfacer las pretensiones de Perú y Bolivia («Protocolos de la Conferencia de Arica», en Ahumada, 1982). A pesar de la postrera defensa del panamericanismo que hiciera el delegado boliviano Juan Crisóstomo Carrillo, quien incluso llegó a argumentar que en la conferencia del Lackawanna se estaba redefiniendo el derecho público sudamericano, cuya partida de nacimiento estaba asociada a la lucha contra la conquista y la dominación por la fuerza, la cita diplomática se clausuró en el fracaso absoluto. Una lectura sesgada de las conferencias de Arica podría indicar que las ideas allí expuestas estuvieron asociadas, por un lado, con una práctica republicana donde la resolución de conflictos tenía como único referente el diálogo civilizado y racional, y por el otro, con un estilo antirrepublicano que Chile habría logrado imponer por la fuerza. Los mismos delegados bolivianos y peruanos se encargaron de destacar lo anterior, al comparar sutilmente el comportamiento chileno con el de la Europa aristocrática, donde se redefinían constantemente las fronteras internacionales «en contradicción a los progresos del derecho» y «donde una raza o potencia dominaba a otra para ser perturbada mañana». Pero si superamos esta visión antinómica respecto al debate sostenido a bordo del Lackawanna, es posible advertir la emergencia de otros aspectos del republicanismo decimonónico a los cuales apelaron reiteradamente los delegados chilenos, en especial el liberal Eulogio Altamirano. Al justificar la posesión de Tarapacá y Antofagasta bajo el argumento del trabajo productivo del industrial y del peón chilenos, al defender su autonomía frente a la intervención de una potencia extranjera como los Estados Unidos (un alegato enmarcado dentro de lo que Quentin Skinner ha denominado como libertad negativa)177 y al subrayar que la aceptación de un arbitraje 75
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