resguardar la seguridad pública de su provincia. Sin «armas de ningún género» era imposible capturar y vigilar a los bandidos que, de acuerdo al gobernador de Rancagua, infestaban el departamento y sus 34 subdelegaciones. Estas rara vez contaban con cárceles y menos aún con armamento ni con el dinero para adquirirlo53. El Intendente de Santiago, quien en 1875 le propuso al gobierno la idea de organizar una policía rural para resguardar los alrededores de la ciudad y un servicio de celadores nocturnos para el centro, opinaba que el tema fundamental era la provisión de armas a los subdelegados, quienes demandaban una solución definitiva para el problema delictivo54. En esa misma línea de razonamiento el intendente Agustín del Solar daba cuenta de los requerimientos diarios del gobernador de Constitución respecto a armamento para sus celadores. Causaba una gran impotencia el no poder hacer nada para detener el «bandidaje» que se desarrollaba de «una manera alarmante» en la región del Maule55. Resulta evidente que en vísperas de la Guerra del Pacífico el Estado chileno no estaba en las mejores condiciones para ejercer el monopolio de la violencia que obviamente le correspondía. Los problemas económicos por los que atravesaba el país, junto con el temor existente entre las vanguardias estatales respecto a la presencia en las provincias de núcleos armados capaces de atentar contra el gobierno central, debieron influenciar en las decisiones que se tomaron. La política de desarmar a las provincias con su punto climático en la cancelación de la Guardia Nacional (1876) tuvo importantes consecuencias. Una de ellas fue fomentar, de manera indirecta, la participación de la sociedad civil en aquellas tareas de protección que le correspondían al Estado. Así, para fines de 1878 la Intendencia de Santiago decidió auspiciar «patrullas de vecinos armados» con la finalidad de resguardar algunas subdelegaciones rurales contra los delincuentes56. En Linares, la ausencia de la Guardia Nacional recargó el servicio de los «ciudadanos residentes», quienes se vieron obligados a servir «día por medio» en la guardia de prevenciones y en la cárcel57. La escasa presencia del Estado a lo largo del país determinó que el control de la violencia se privatizase, es decir que se distribuyese de manera indiscriminada en manos de múltiples operadores políticos. El mayor desafío para el Estado chileno fue el control de las comunidades indígenas, las cuales le disputaron por décadas no solo la posesión de un territorio con un potencial económico incalculable sino la preeminencia de un modelo cultural percibido por muchos como 40
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