asamblea ante la cual el caudillo depondría su autoridad. Porque era en la asamblea de los pueblos donde finalmente se acordaba la forma de gobierno provisional para las provincias del norte, pero por sobre todo donde debía tomarse la decisión sobre la firma de la paz con Chile (Ahumada, 1982, VII-VIII, pp. 309-310). En la reunión sostenida entre Lynch y Duarte se discutió la idea de «la multiplicación de las actas por la paz» teniendo como ejemplo lo ocurrido en Concepción. Y es que el modelo caudillo-pueblo por el que optó la representación chilena en Lima demandaba de las adhesiones provincianas, las que usualmente eran publicadas en la prensa local bajo la forma de actas. Lo interesante de la alternativa política que estamos analizando en este apartado es que los documentos emitidos a favor del grito de Montán y de la asamblea de Cajamarca empezaron a aparecer de manera regular en la prensa santiaguina. Esto muestra cómo el asambleísmo municipal que sirvió de base legal al gobierno de Iglesias y luego al Tratado de Ancón contó con las simpatías no solo de Santa María, sino de la opinión pública chilena. Las actas que daban cuenta de la adhesión de los vecinos de Tambo de Mora, Moyobama y San Juan aparecieron en El Ferrocarril de Santiago a mediados de 1883. «Reunidos en el local de costumbre», señalaban los moyobambinos, «todos los ciudadanos» suscribían que era necesario «adherirse a la paz proclamada por el general Iglesias». Convencidos de que era necesario darle publicidad a su pedido, los seguidores de Iglesias confesaban no contar con recursos bélicos y es por ello que defendían la salida pacifista de Montán. Mientras que los vecinos de San Juan Bautista reclamaban por su derecho a la «libre asociación» y declaraban que «la guerra era insostenible», los de Tambo de Mora recordaban el «estado calamitoso» en el que se encontraba el Perú. Esta gravísima circunstancia «obligaba a todo buen ciudadano a animarse del más patriótico anhelo por la salvación del país». En efecto, la causa de la paz y de la regeneración de la república era la única posible para todo buen peruano789. En el proceso deliberativo que antecedía a toda guerra revolucionaria del siglo XIX, los «comicios públicos», a los que se refirió Duarte en su declaración e Iglesias en su manifiesto, eran junto a la publicación de las actas provincianas los pilares de movimientos políticos de corte regenerador. Sin embargo, es importante recordar que la etapa discursiva no determinaba la victoria sobre el enemigo. El control del aparato estatal, que obviamente residía en Lima, dependía de una serie de enfrentamientos 399
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