finalmente derivaría en «el grito de Montán»— como la aparente «fascinación» de un hombre bien intencionado782. El 22 de abril, a un mes de recibida la carta de Duarte, apareció un documento titulado «Declaración de la Municipalidad de Concepción» firmado por él, esta vez en su calidad de alcalde. Unos días después se hizo público el Dictamen de la comisión de síndicos de la misma municipalidad serrana. En la declaración se instaba a los vecinos de La Concepción a que asistieran a un comicio público donde se analizaría de manera formal la declaratoria de paz con Chile. Como argumento principal se señalaba que ningún vecindario sensato podía resignarse a aceptar el imperio de la ley marcial sin intentar atenuarla. Considerando que era absurdo esperar pasivamente por una solución que parecía no llegar nunca, los vecinos de Concepción habían decidido «prescindir de los partidos políticos y apelar» a un «frente nacional» para lograr su liberación del yugo chileno. Los firmantes del proyecto creían estar, así, reivindicando «el derecho de las municipalidades emanado de la Independencia». Era justamente este derecho el que los asistía en la solución de sus problemas mediante la elección de representantes, que estaban facultados para entenderse con el vencedor. El documento culminaba con una convocatoria a un «comicio público», donde debía discutirse libremente la moción de Duarte y luego votar a favor o en contra de la misma. Si la respuesta era favorable a la firma de la paz, el pueblo facultaría a la municipalidad para tratar con el jefe de las fuerzas expedicionarias las garantías e inmunidades correspondientes a un estado de paz783. En el Dictamen, efectuado por la misma municipalidad, los firmantes Bernardino Salazar y Manuel Benavides saludaron la propuesta de Duarte subrayando que un tema tan delicado como la discusión con el enemigo debía ser sometido a las leyes de la razón y la dignidad nacional. Si Concepción invocaba a «la voluntad popular» era necesario que esta ciudad llevara su «gloriosa iniciativa» a los demás pueblos del departamento. Con la finalidad de que su iniciativa no fuese desvirtuada, la municipalidad solicitó que las autoridades chilenas suspendieran los efectos de la ley marcial en la provincia. La corporación municipal, también, autorizó a la alcaldía para que se pusiera de acuerdo con los representantes de los pueblos del departamento, estimulándolos a seguir con «sagacidad y persuasión» la unificación de todas las municipalidades en torno a la idea de la paz784. Con la finalidad de reforzar una propuesta que intentaba incorporar a las demás provincias peruanas en un gran 395
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