del que hizo gala el general Lynch ante el reportero del New York Herald779. El precio de civilizar a los peruanos era sumamente caro y colocaba a los vencidos al amparo de toda plenitud de garantías que les ofrecían las leyes chilenas, «protectoras del bienestar de las personas y de su seguridad». Luego de la ocupación, los habitantes del Perú se encontraban «en una condición mil veces superior y más ventajosa que la que tenían bajo el imperio de sus propias instituciones». El respeto de las armas chilenas y su actividad policial crearon «el orden y la seguridad» que nunca había existido entre los peruanos, quienes contaban desde enero de 1881 con una policía y una justicia como no la habían tenido jamás y como «nunca» pudieron imaginarla. El articulista se quejaba de que Chile no había hecho una guerra para dotar al Perú de instituciones civiles. Era a todas luces un contrasentido que las entradas de los países ocupados se emplearan en dotar a los vencidos de un régimen civil mucho más costoso que el del propio país vencedor. En esta reveladora discusión en torno a los dilemas que enfrentaba el modelo de «ocupación civilizadora» de la cual se vanaglorió en su momento la prensa chilena aparece un nuevo elemento de análisis. El interés que existía entre la burocracia destacada en Lima de que la ocupación simplemente no acabara. Los elevados sueldos de los funcionarios chilenos en el Perú, los que de acuerdo al autor del artículo competían con los del presidente de la república y los ministros de Estado, introducían un «interés chileno» muy similar al peruano a favor de la prolongación de la guerra780. Debido a una paradójica convergencia de intereses entre el vencedor y el vencido, de la que también dará cuenta Jovino Novoa, la resistencia peruana había logrado engarzarse dentro de la maquinaria política construida por Chile, la que era operada por sus burócratas dorados. La «lenidad del régimen civil» al «crear fuertes intereses para su sostenimiento» había venido a servir, sin quererlo, a los propósitos enemigos y a la extensión «anómala» de la ocupación781. La solución para alcanzar la paz definitiva era la militarización efectiva del Perú y así lo manifestó un editorial de El Ferrocarril de Santiago. «La ocupación de los territorios enemigos» debía revestir un carácter esencialmente castrense. Así lo reclamaba el «bien entendido interés chileno» e incluso el interés de los mismos peruanos. Lo que muchos no lograron entender con claridad durante esos meses de inmensa zozobra y de intensa discusión periodística es que solo de la convergencia entre la política y guerra podía surgir la paz y, por ende, la posesión legal de la riquísima provincia de Tarapacá. Hasta ese momento lo que funcionaba en 393
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