del jardín zoológico y hasta la renombrada obra de Francisco Laso, Los funerales de Atahualpa, fueron trasladados a la república vecina. Esta guerra que, de acuerdo al editorialista, «no honraba a los vencedores», causó tanta zozobra entre la élite intelectual residente en Lima, que el sabio Antonio Raimondi escondió piezas peruanas en su casa y el arzobispo de la ciudad impuso algunas trabas a la exhibición de los huesos de Pizarro «por temor a que los chilenos se los llevaran como trofeo de guerra» (Ortiz Benites, 2013, pp. 4, 11). Ante la ausencia de la prensa, del Congreso y de cualquier otra autoridad con el suficiente poder para detener los abusos del poder de facto instalado en el Palacio de Gobierno de Lima, que en muchos casos no podía controlar a millares de soldados diseminados por la ciudad y sus alrededores, la palabra escrita se convirtió en una de las armas utilizadas por sus antiguas autoridades, en especial por los miembros del Poder Judicial, aunque también las legaciones destacadas en la capital peruana, como fue el caso de la italiana, la española, la austro-húngara y la portuguesa, se transformaron en espacios de contención entre el Estado chileno y las víctimas de los procedimientos de su fuerza armada. Un notable ejemplo de ello es la carta que la Corte Suprema de Lima le envió a Lynch con motivo de la requisa de sus archivos y el encarcelamiento de un juez que se quejó públicamente por un hecho que fue considerado como una afrenta contra «la soberanía nacional». La Corte Suprema, opinaban los abogados firmantes, no desfallecería cualquiera fueran las consecuencias de una época tan «malaventurada» como la que estaba atravesando el Perú. Porque a pesar de los reveses militares y de la ausencia de un gobierno capaz de sostener la unidad nacional, las instituciones de la república peruana no se podían perder. En pocas palabras, la guerra no podía destruir los principios de la civilización y del derecho, consagrados como principios por «la humanidad entera». Si el representante de Chile en el Perú se negaba a reconocer «la ley imperiosa de la civilización», era a la Corte Suprema a quien le correspondía levantar su voz y denunciar el hecho. Porque nadie, ni siquiera un ejército de ocupación extranjero, podía «violar el depósito sagrado» que habían puesto «bajo su custodia la nación y sus leyes sagradas»735. III. UN DIFÍCIL TRIÁNGULO: ESTADOS UNIDOS, CHILE Y PERÚ 375
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