Perú. Si antes era «práctica constante no cumplir las leyes» ahora la situación era bien distinta y había que cumplirlas «con estrictez». La recomendación del diligente burócrata era «ejercer la acción moralizadora del mandatario», quien obligaba y acostumbraba a sus gobernados al «severo cumplimiento de la ley». Al igual que otros secretarios de Hacienda peruanos, quienes llevaron a cabo sus planes de reforma en medio de la guerra, Irarrázaval subrayó en su informe que la situación incierta creada a partir de 1879 era la causa principal del deficiente estado de las rentas públicas en el Perú. Y es que la ausencia de paz alejaba a «los capitales de productivas industrias» por falta de garantías y de la estabilidad necesaria que ellas requerían. Mientras la guerra fuera la causa principal del «quebranto en las rentas públicas» lo único que le quedaba a la Caja Fiscal bajo su administración era «contraerse a mejorar su servicio dentro de sus limitadas atribuciones y con sus escasos elementos». En otras palabras, Irarrázaval era consciente de que no existía suficiente riqueza pública para sustentar el tipo de sistema impositivo que él intentó implementar en una sociedad tan devastada y carenciada como era la peruana. La solicitud de Bárbara Pérez, dueña de la viña Montesierpe de Ica, muestra la manera como la clase propietaria peruana fue duramente golpeada por la ocupación. En su carta a Lynch, Pérez le recordó haber cumplido con pagar la contribución de guerra, a pesar de que la consideraba «excesiva y desproporcionada». La decadencia de su fundo había tomado «un carácter alarmante» con la guerra y la producción de su hacienda no compensaba los gastos necesarios para conservarla. Era por ello que Pérez imploraba una exoneración de la contribución, y si ello no era posible, acaso una rebaja que estuviera de acuerdo al «estado actual de sus recursos pecuniarios». En la respuesta dada por Leoncio Tagle, jefe político militar de Ica, se señaló que la solicitud de la dueña de Montesierpe no procedía debido a que al gravarse en menor cantidad el impuesto de su propiedad se faltaría a los «principios de la justicia distributiva»730. No cabe la menor duda de que el lenguaje técnico de Tagle no permite entender a cabalidad la lógica de un sistema bastante arbitrario. Multitud de quejas contra el gobierno chileno tramitadas a través de las legaciones con sede en Lima dan cuenta del trato que sus representantes dieron a los propietarios extranjeros731. Respecto a este tema tan controversial, Melquiades Valderrama, ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, envió una carta a Lynch en la que señalaba 373
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx