impuso para monopolizar el flujo de recursos y de los constantes esfuerzos por establecer algún tipo de orden en materia fiscal, la corrupción persistió como mecanismo de satisfacción de intereses particulares725. La historia de la puesta en marcha de la Superintendencia Fiscal de Chile en el Perú muestra cómo la demora en firmar la paz con los peruanos forzó a la burocracia chilena a ensayar fórmulas inéditas en su historia republicana. Luego de la disolución del gobierno de la Magdalena —tema del que nos ocuparemos en la siguiente sección— Bernardo Irarrázaval recibió los documentos, archivos y demás efectos de la administración García Calderón. Educado en Europa y con una experiencia administrativa en el cementerio de Valparaíso, Irarrázaval asumió la dirección de la Caja Fiscal con la misión de «mejorar el estado rentístico del territorio ocupado»726. Después de analizar centenares de papeles, con el auxilio de Julio Garrido y Rafael Cruz, el burócrata chileno sugirió que se crease una oficina encargada de fiscalizar el territorio ocupado sujeto a su jurisdicción. Aquella entidad debía también hacerse cargo de todas las contribuciones existentes, como los bienes y acciones pertenecientes al Estado peruano. Esto ayudaría a una mejor percepción de las «rentas nacionales». Entre las atribuciones que le correspondían a la Caja Fiscal —un híbrido burocrático jefaturado por Irarrázaval— se encontraban: 1) la investigación de todas las contribuciones de bienes pertenecientes al Estado peruano, debiéndose abrir un libro con el título Rentas y Bienes Nacionales 2) el conocimiento de todas las personas deudoras de dicho Estado, quienes debían además aparecer en un libro, 3) la organización de la cobranza de todas las contribuciones y rentas nacionales existentes, 4) la celebración de todos los contratos relacionados con los bienes nacionales, 5) la formación de listas de contribuyentes y deudores para pasar los recibos respectivos a la oficina de recaudación y 6) el nombramiento de empleados y demás subalternos con el título de «colectores fiscales», los que actuarían en representación del delegado fiscal. La organización contemplaba, además, la existencia de un director general (Irarrázaval) y dos secciones, la primera encargada de todo lo relativo a las contribuciones y la segunda dedicada a los bienes fiscales y rentas a favor del Estado. Cada una de estas secciones debía auxiliarse mutuamente en sus tareas, contando para ello con empleados por nombramiento y con sueldos acorde a sus calificaciones. Otra atribución de la Caja Fiscal fue establecer oficinas de hacienda en los lugares ocupados por las armas del Ejército de 371
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