dirigía. Con el fin de poner en régimen el sistema de comunicaciones, la oficina telegráfica fue confiada a un empleado chileno, quien debió inspeccionar detenidamente la línea para anular cualquier tipo de riesgo, entre ellos la intercepción. Por otra parte, nombró un comandante de fuerzas policiales encargado de «regularizar» el servicio de policía, cautelar la seguridad y el aseo, evitar la ingesta de alcohol entre la tropa y desterrar la vagancia, un vicio que según Castillo era muy común en la zona y ocasionaba «funestos resultados»710. La administración de justicia, que cayó en manos de un puñado de jueces chilenos y extranjeros, y las relaciones con los gobernadores de Sayán y de Pachío —indispensables para hacer extensiva la acción de las armas chilenas en los distritos del interior— fueron también parte de las tareas burocráticas asumidas por el nuevo jefe político-militar de Huacho, quien, como veremos más adelante, debió centrar sus esfuerzos en el cobro de contribuciones711. Si nos trasladamos a los otros escenarios de la ocupación, como la jefatura político-militar de Paita, confiada al comandante del monitor Huáscar, Emilio Velarde, tiende a reproducirse el modelo político, económico y de relación con la sociedad civil previamente analizado. La lectura del acta elevada entre las fuerzas de ocupación, el vicecónsul británico y los vecinos de Paita, nos permite rescatar lo esencial del «pacto político» que el Estado chileno establecía, por intermedio de sus representantes, con los habitantes de las provincias peruanas de la costa norte712. Básicamente, este consistía en el compromiso de «protección» a cambio de recursos económicos. No obstante, el caso de la provincia de Paita presenta una leve variable respecto a la tendencia anteriormente analizada, pues la tarea de resguardo del puerto fue compartida con la guardia urbana local, a la que el comando chileno proveyó de diez rifles con el fin de que realizaran las tareas de patrullaje entre las seis de la tarde y siete de la mañana, lapso en el que los expedicionarios se retiraban a descansar a bordo del Huáscar. La creación de una guardia urbana también ocurrió en Lima, donde un grupo de comerciantes extranjeros domiciliados en el barrio de Malambo solicitó al intendente permiso para constituirse en milicia armada. El argumento era que sus vidas e intereses estaban en peligro debido a «los malhechores» que dominaban las calles, por falta de policía y tropa. Lima, como las demás grandes ciudades —señalaba el oficio—, no había logrado evitar «los desórdenes naturales en la clase proletaria», y era así que Malambo había logrado conquistar «una triste celebridad en los anales de los crímenes». Dominados por grupos de gente 367
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