Estado chileno recuperar, hacia mediados del año del triunfo en Lima, los espacios políticos y económicos que varios meses de desgobierno estuvieron a punto de arrebatarle. La institucionalización del robo por parte de bandas armadas como la liderada por Ambrosio Letelier y la estricta respuesta de Lynch ante dicha situación muestran cómo la guerra generó sendas disputas entre el Estado chileno y sus servidores por el control de los recursos económicos. Es probable que el juicio militar contra Letelier y sus cómplices, del que daremos cuenta más adelante, fuera una manera de recordar a los miembros del ejército que el Perú no era la frontera araucana y que la magnitud de lo que estaba en juego, los seiscientos millones de dólares que valía Tarapacá, demandaba un comportamiento «civilizado», más aun si se tenía en consideración que Chile estaba expuesto a la opinión internacional. Al tomar Lynch las riendas del gobierno de ocupación, las fuerzas militares sumaban 13 600 hombres. De ellos, 7500 servían en Lima y el Callao, mientras el resto estaba encargado de proteger los puertos del litoral y reprimir a las montoneras caceristas. Uno de los principales obstáculos que el flamante general en jefe debió enfrentar fue el evidente deterioro de la disciplina militar, cuestión que abordó mediante un minucioso plan de reforma. Así, su administración impuso el uso reglamentario del uniforme completo, la instrucción militar permanente en campo abierto, un sistema de represión a los desertores y el control estricto del uso de armas de fuego contra la población civil. Asimismo, decretó la reorganización de la policía de seguridad, el establecimiento de una jefatura de policía militar capaz de imponer multas y castigos por faltas menores, la autorización a un cuerpo de celadores pagados por los comerciantes extranjeros y la designación de un intendente chileno en la municipalidad de Lima, el que se encargó incluso de tareas de higiene pública. En esa misma línea, nombró jefes político-militares para Lima, el Callao y los departamentos de la costa. Debido a la negativa de los jueces peruanos de servir al gobierno de la ocupación, Lynch prescindió de la Corte Suprema local y nombró personalmente un juez letrado para Lima y otro para el Callao. Joaquín Godoy, fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, cumplió la tarea de instalación y funcionamiento de los juzgados bajo la égida chilena708. Razones estratégicas y administrativas obligaron a dividir la costa peruana en un conglomerado de unidades territoriales. En la cúspide de cada una emergía la ya citada figura del jefe político-militar, representante 365
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