Luego de su inauguración como presidente de la república de Chile, Domingo Santa María (1881-1886) debió «rematar la obra» iniciada el 14 de febrero de 1879 por su antecesor668. «Nosotros trataremos con el que se presente como gobierno que por sus elementos y el apoyo con el que cuente pueda estimarse como representante del Perú» (Bulnes, 1919, III, p. 136). Tanto Pinto, Santa María como sus asesores se equivocaron al pensar que el traslado de la soberanía sobre Tarapacá podía lograrse con el concurso del núcleo civilista, aglutinado alrededor del abogado Francisco García Calderón669. A medida que el tiempo fue transcurriendo sin un resultado favorable para las fuerzas de ocupación, el gobierno chileno representado por Lynch decidió aventurarse por el territorio de «la política caudillista», cuya compleja dinámica se remontaba a los años que sucedieron a la Independencia670. El fracaso de la negociación con el civilismo, un proceso largo y penoso en el que intervino activamente el diplomático norteamericano Stephen Hurlblut, provocó dos interesantes desarrollos que, junto a la irrupción militar de los expedicionarios a la sierra central, serán analizados en este capítulo. El primero fue la reproducción en territorio ocupado de una versión minimalista del Estado chileno. La tarea de construcción estatal en la que se embarcó su burocracia está ejemplificada en la labor de Bernardo Irarrázaval, quien junto a un grupo de asesores intentó reformar el sistema fiscal peruano. Así, en el mismo momento en que los expedicionarios partían a la sierra en pos de Cáceres y los representantes del gobierno chileno se esforzaban por darle rostro a una elusiva representación con la cual negociar la paz, un puñado de burócratas llegados de Santiago pusieron en marcha la «Delegación Fiscal de la República de Chile en el Perú», un ambicioso plan impositivo que fue más allá de la implementación de un simple cupo de guerra. El segundo desarrollo que analizaremos en este capítulo tiene que ver con la participación de los representantes chilenos, en especial Patricio Lynch y Jovino Novoa, en la política facciosa que por décadas dominó al Perú. La imagen que emerge después de leer centenares de cartas y documentos oficiales es la de un Estado anidando en otro y desde ahí imponiendo su voluntad, que era obviamente el monopolio de la violencia, la extracción de recursos y la centralización del poder. Todas estas funciones debían converger con la finalidad de amputarle al Perú su riquísima provincia salitrera. A pesar de que los plenipotenciarios chilenos se asignaron la tarea de construir una infraestructura estatal mínima, una 350
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