Lynch señalaba que en el ferrocarril de Paita se habían quemado las estaciones del puerto Huaca y dos pequeños edificios, así como diez carros de un coche de pasajeros de segunda clase. Y en el mismo puerto habían dinamitado diez columnas que sostenían «las magníficas bodegas de fierro de la Aduana». Al anochecer aquella dependencia ardía, indicaba el informe, habiéndose consumido completamente el edificio que albergaba las oficinas fiscales del Estado peruano. A partir de su llegada a Eten, Stuven repetirá el modelo ensayado con anterioridad, al cual añadirá, eso sí, el cobro de cupos que efectuó en Lambayeque y Ferreñafe, y la reparación de unas cuantas locomotoras cuyas piezas habían sustraído los peruanos antes de huir649. En su parte, Stuven también dio cuenta de la misión encomendada al capitán Marcos Latham, quien asumió la tarea de destruir el puente del ferrocarril sobre el río Chicama volando veintiuno de los veinticuatro arcos que tenía la construcción. El informe concluía con un estimado de los daños causados al enemigo por la sección a cargo del ingeniero. La suma de los destrozos en Chimbote, Supe, Paita, Chocope y el puente de Chicama llegaba a 4 700 000 pesos (Fernández Larraín; Izquierdo Araya & Fuenzalida Bade, 1979, p. 838). Sin duda alguna, la destrucción de la hacienda Palo Seco fue uno de los episodios más polémicos y a la vez sintomáticos de la expedición Lynch. Allí no solo quedó en evidencia el carácter de ese camino seguido por el Estado chileno y sus vanguardias político-militares para superar una crisis galopante, sino también los alcances legales de los actos que sostuvieron la expansión territorial de ese mismo poder. Ilustrativas resultan aquí las palabras con las que el propio Lynch informó al ministro de Guerra lo sucedido en Palo Seco. Debido a que «el ciudadano enemigo» Derteano, «propietario de uno de los más hermosos establecimientos azucareros del Perú», se había negado a pagar una contribución de guerra de cien mil pesos, había sido necesario aplicar un castigo inmediato. Así, en medio de la disputa por la hegemonía político-militar entre el Estado chileno y el Estado peruano, cuyo primer episodio ocurre en una zona periférica, la sociedad civil peruana quedaba atrapada entre dos fuegos. De esta tensión —que se repetirá en un grado mayor durante la ocupación de Lima— dio cuenta el mismo Lynch cuando señaló que «para evitar que tuviera cumplimiento en un territorio sometido a la ley marcial del ejército de Chile, una disposición del jefe supremo del país invadido», acto sin precedentes «en la práctica de las naciones civilizadas», él había dispuesto que se tratara a las propiedades del señor Derteano con el más severo rigor 334
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