de la guerra» (Fernández Larraín; Izquierdo Araya & Fuenzalida Bade, 1979, p. 834). Lynch, quien se sirvió del abogado Daniel Carrasco Albano para hacer frente a las decenas de reclamaciones presentadas a raíz de las consecuencias de su «expedición de merodeo», había desoído los consejos del ministro de los Estados Unidos —representante de una de esas naciones civilizadas—, quien le había enviado un comunicado pidiéndole detener las acciones contra la población civil de Chimbote y las zonas aledañas650. Más todavía, en su recorrido por el norte peruano el comandante había recibido contribuciones de guerra de las haciendas de Ucupe y Cayaltí y de las poblaciones de Eten, Monsefú, Chiclayo, Pimentel, Lambayeque y Ferreñafe, obteniendo en unas el pago de moderadas sumas, y en otras castigando la «contumacia de sus habitantes». Haciendo gala de ese legalismo que lo acompañará a lo largo de su meteórica carrera como burócrata del Estado chileno, Lynch comunicó al ministro de Guerra y Marina que su principal preocupación a lo largo de la misión avalada por el presidente Aníbal Pinto había sido «sostener con firmeza los principios» que presidían «los actos modernos de la guerra», principios que debían de ser respetados tanto por las naciones poderosas como por las más débiles. Terminaba su reporte señalando el «brillante ejemplo de moralidad y disciplina» de las fuerzas bajo su mando, las que luego de recorrer veinte y tantas poblaciones, no pocas con un número considerable de habitantes y atravesando cinco departamentos, tal vez los más ricos, industriosos y poblados del Perú, no habían encontrado la menor resistencia (Fernández Larraín; Izquierdo Araya & Fuenzalida Bade, 1979, p. 835). Acompañaba a su informe un catálogo de todo lo sustraído por los expedicionarios651. La incapacidad del Estado chileno para asumir el control efectivo de la nueva frontera obligó a las autoridades a validar una operación como la expedición Lynch, acto que obviamente contradijo el discurso civilizador de sus burócratas en los territorios recientemente conquistados. A diferencia de lo ocurrido entre Antofagasta e Iquique, donde lo que se observa son prácticas civilizadoras, en el norte peruano la consigna fue destruir todo vestigio de ciencia y progreso. Más aún, de lo que se trató fue de someter a la sociedad civil obligándola a pagar «contribuciones de guerra» bajo la amenaza de destrucción de la propiedad privada. De este proceder da cuenta el relato de Stuven respecto a lo que sucede tanto en Palo Seco como en la destrucción del puente sobre el río Chicama. Como 335
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx