Iniciada el 4 de setiembre de 1880 y comprometiendo la participación de más de 2300 hombres a lo largo de la costa peruana, la expedición Lynch sirvió, entre otras cosas, para aplacar las duras críticas que estaba recibiendo la ya vapuleada administración Pinto por su inercia bélica (Maldini, 1997, p. 99; Paz Soldán, 1884, p. 530). Sirvió además para distraer la atención de los problemas que, como analizamos previamente, ya afloraban a lo largo y ancho de los territorios ocupados. Pero quizás más importante todavía, esta «expedición de merodeo» fue el escenario en el cual las vanguardias estatales chilenas desplegaron toda la violencia que eran capaces de ejercer. No es casualidad que el mismo Benjamín Vicuña Mackenna se refiriera a esta operación como un acto indigno del Ejército de Chile y deshonroso para la república (Cámara de Senadores de Chile, 1881, p. 97). Es menester recordar, no obstante, que la violencia extrema contra el enemigo no era una novedad en el discurso teórico de la guerra. Ya hacia la primera semana de febrero de 1880 y en su condición de ministro de Guerra en campaña, Rafael Sotomayor anunciaba en una de sus cartas que las hostilidades por parte de Chile contra sus adversarios serían cada vez más severas, pues quedaba claro que estos no apreciaban la humanidad de su ejército. Sotomayor creía que la norma de conducta para lo venidero era infligir al enemigo todos los daños posibles, sin marginar ninguno de los autorizados por las leyes internacionales. La clave para doblegar tanto a peruanos como a bolivianos era despertar en ellos la necesidad de obtener la paz, proyectando sobre sus propiedades e intereses de sus habitantes «todo el peso de la guerra»636. Fue precisamente la doctrina de este hombre, una suerte de presidente de la república en campaña, la que el cerebral veterano de la Guerra del Opio, Patricio Lynch, llevó a sus límites. 329
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