«¿Guerra, paz o statu quo?» publicado en mayo de 1881, se discutió la delicada propuesta de firmar la paz con los vencidos, acto cuya concreción parecía entrañar las «seguridades para el porvenir». ¿Cuál era el paso más complejo? Simplemente dilucidar los derechos que Chile había adquirido como vencedor. ¿Cuál era el gran obstáculo? La ineficacia de la acción diplomática chilena. Las dudas y vacilaciones que rodeaban al gobierno, la incertidumbre que marcaba cada paso de «la política de la guerra», se decía, acusaban «la falta de tino» y «el poco conocimiento del enemigo». Asimismo, el statu quo en el que se encontraba Chile no era bueno para «las nuevas provincias del territorio nacional, cuyas industrias y producciones necesitaban de la paz»633. Como podemos imaginar, muchas de estas críticas no fueron bien recibidas e incluso trabaron las relaciones entre poder político y prensa local. En este caso, el publicista no solo se hizo merecedor de una ajustada reprimenda, sino también de una particular amenaza por parte del comandante general de armas634. A pesar de que el asalto sobre Tarapacá permitió a la república de Chile solventar los gastos de la guerra con el erario del propio enemigo y a partir de ahí fue fortaleciéndose la noción de la frontera productiva, los problemas políticos y económicos en los núcleos instalados tras la invasión militar se agudizaron a medida que la guerra se fue prolongando. En un oficio dirigido al ministro del Interior, fechado en 1880, Luis García Reyes denunciaba una serie de irregularidades en el servicio administrativo de la Gobernación del litoral norte, las que tenían que ver, entre otras cosas, con las limitadísimas atribuciones de la comisión de alcaldes y la carencia de ordenanzas municipales para la zona bajo su control. Pero esa suerte de limbo jurídico en el que estaba inmersa la zona ocupada, sin normas o procedimientos claros, no era el único problema en carpeta. Las oficinas públicas, informaba Reyes, no eran dueñas de nada, ni siquiera de las sillas, que por lo general debían tomar prestadas de particulares quienes luego las pedían de vuelta. La autoridad política consideraba imprescindible, por lo tanto, que el supremo gobierno fijase una cantidad para que la gobernación comprase muebles, arrendase una casa y solventase todos los gastos que demandaba superar el primitivo estado, en palabras del informante, en que se encontraba la administración de los territorios nortinos635. En pocas palabras, no era fácil civilizar lo que aún era un bien ajeno. V. LA EXPEDICIÓN LYNCH 328
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx