avance de la «civilización» que Chile creía representar. En esa línea, era deber de todo pueblo culto establecer un régimen acertado de orden y prontitud en el despacho de la correspondencia620. La correspondencia entre la zona ocupada y Santiago trae también a la luz algunos de los dilemas enfrentados por la flamante burocracia porteña. Los funcionarios estatales destacados en Iquique, como fue el caso de Miguel Carreño, parecían conscientes de que en su proceder debían ser cuidadosamente «prudentes», pues resultaba riesgoso transgredir la legislación vigente o despertar susceptibilidades que pudieran «dañar el derecho de posesión a título militar» sobre Iquique. Precisamente por ello las nuevas autoridades se impusieron el desafío de «armonizar los servicios de la Administración Civil con las leyes chilenas y peruanas», delicado balance que se hizo evidente en la utilización de una serie de artilugios legales para imponer las leyes propias sobre los territorios ocupados621. El periódico La Voz Chilena analizó en detalle los alcances de este complejo armatoste legal, según el cual la ocupación de Tarapacá era «un acto de hecho» que no le daba a Chile la «jurisdicción civil» otorgada por el derecho. Esa difícil situación forzaba al gobierno a transitar «dentro de ciertos límites que, sin dañar las conveniencias del dominio militar, tampoco lastimaran los fueros del régimen civil peruano». La «híbrida unión» entre la legislación peruana y la chilena —señalaba un articulista— había provocado una serie de «aberraciones» especialmente en el ámbito judicial, las que solo podrían ser eliminadas en el momento en que Chile pusiera el sello de su «legítima propiedad» sobre Tarapacá622. La aplicación de la ideología del progreso a cada departamento, provincia o distrito ganado por la fuerza de las armas no estuvo exenta de contrariedades. El proyecto político-ideológico que los burócratas del Estado se propusieron completar en un territorio que hasta su arribo se regía por una soberanía y una legislación extranjera, debió contemplar, en la medida de lo posible, los lineamientos del derecho internacional. Porque si bien resulta obvio que los militares cumplieron con la misión de «limpiar» la zona en disputa de las fuerzas enemigas, fue a los burócratas del Estado guerrero a quienes correspondió, como lo hemos probado previamente, la tarea de «civilizar» el territorio incorporado. Junto a la «precisión matemática» que Antonio Varas le demandó al ejército, la mano derecha de Montt recordó en múltiples ocasiones que Chile debía ceñirse a las reglas de una guerra civilizada623. En efecto, la antigua capitanía debía respetar la legislación sancionada por ese mundo civilizado 325
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx