la prensa y las movilizaciones populares cumplían el propósito de justificar política e ideológicamente el acto mismo de la ocupación. El mitin realizado en la Plaza Colón de Antofagasta tras la invasión de Calama constituye una clara muestra de esta tendencia. En el discurso pronunciado por Ramón Arancibia ante aproximadamente dos mil asistentes se rememoró el «despotismo brutal de los cholos que acababan de ser castigados en Calama». Arancibia no titubeaba para pedir una sanción ejemplar contra los «bárbaros» que en el pasado habían arrastrado «a los hijos del trabajo, que con el sudor de su frente mantenían su lujo y sus vicios». Luego de la ceremonia patriótica «el pueblo de Antofagasta» reunido en «comicio» acordó: a) enviar un voto de aplauso al gobierno por ocupar Tocopilla, Cobija y Calama; b) sugerir al gobierno que sus pobladores verían «con grato placer» la concentración de todas las fuerzas del ejército en la línea de Loa; c) mandar un voto de aplauso al coronel Emilio Sotomayor; y d) promover una suscripción patriótica para la familia del soldado Rafael Ramírez, muerto en Calama594. Las notas remitidas por el cónsul peruano Manuel Seguín a su gobierno entre el 19 de febrero y el 26 de marzo registran la efervescencia política en Antofagasta y sus alrededores durante aquellas semanas decisivas para el arraigo de las vanguardias estatales chilenas en la zona «reivindicada» (Ahumada, 1982, III-IV, p. 15)595. Asimismo, las fuerzas expedicionarias llevaron adelante su propia agenda política atendiendo a diversos campos de acción: la creación de una fuerza paramilitar armada, la integración de la zona a un sistema de comunicaciones controlado exclusivamente por Chile, la ocupación militar de los puertos adyacentes a Antofagasta, la creación de un juzgado encargado de las cuestiones mineras y la anulación de la jurisdicción parroquial boliviana. Seguín describía cómo la flamante autoridad chilena ejercía una «fiscalización escrupulosa sobre todos los actos y personas» y muy en especial sobre la oficina de correos, que había sido convertida casi en arma de guerra, ni más ni menos que en el «observatorio político» de las vanguardias cívico-militares de Chile (Ahumada, 1982, III-IV, p. 17)596. En una comunicación posterior, el mismo diplomático daba cuenta de las razones esgrimidas por el gobierno de Pinto para prolongar las acciones militares en territorio boliviano. Si la ocupación de Cobija y Tocopilla constituía una represalia por los decretos de expulsión y confiscación de bienes expedido por el gobierno de Bolivia, «la toma a mano armada» de Calama era el «principio de la invasión del territorio extranjero», según lo había declarado el comandante general de 312
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