Hacia la misma fecha, el comandante general de la escuadra y encargado de las operaciones de resguardo, Williams Rebolledo, enviaba una nota al cónsul del Imperio de Brasil asegurándole que la ocupación de buena parte de la costa boliviana era «transitoria» y que, en el marco de un conflicto cuya violencia había escalado debido a la intransigencia del gobierno de Daza, Chile se comprometía a proteger los intereses y transacciones comerciales tanto de los súbditos del Imperio como de los demás extranjeros residentes en el litoral (Fernández Larraín, Izquierdo Araya & Fuenzalida Bade, 1979, p. 9). En otra de sus comunicaciones, fechada 21 de marzo de 1879, el marino le ordenaba al comandante de armas, Ramón Vidaurre, hacer un inventario «con testigos idóneos» de las oficinas fiscales bolivianas con la finalidad de evitar reclamaciones posteriores (p. 10). Antofagasta en 1879 Hacia la primera semana de abril esas declaraciones ya no parecían tener sentido. Con más de dos mil hombres acuartelados en Antofagasta, Cobija y Tocopilla, sumados a una avanzada que ocupaba militarmente Calama desde el 23 de marzo, era totalmente absurdo pensar que la incursión chilena en el litoral boliviano seguía siendo una cuestión «transitoria». De hecho, el carácter permanente de la operación quedó sancionado en la sesión secreta extraordinaria del Senado celebrada el 4 de abril de 1879, cuando se aprobó un proyecto presentado por el Ejecutivo mediante el cual se autorizaba el nombramiento de empleados encargados de ejercer funciones administrativas en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur. El ministro de Justicia, José Joaquín Blest Gana, opinaba que aun cuando no era momento de discutir la denominación definitiva del territorio ocupado —cuestión que más adelante el Congreso 309
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