suficientes para cubrir todos los gastos administrativos, fue necesario recurrir tanto a la subvención pública como a la colaboración de los privados589. Como respuesta a lo que fue descrito como una hostilización sistemática por parte de Bolivia hacia los ciudadanos chilenos, a los pocos días de tomada Antofagasta los expedicionarios decidieron extender su radio de acción a Cobija, Tocopilla e incluso a Loa. El acuartelamiento en Antofagasta de dos batallones de la Guardia Nacional (armados como sabemos con rifles embarcados en el O’Higgins), la extensión de la línea telegráfica hasta el pueblo de Caracoles, el tendido del cable submarino y la instalación del telégrafo terrestre entre ese puerto y Chañaral, fueron solo algunas de las operaciones que, con extraordinaria rapidez, sucedieron a la ocupación de la ciudad salitrera (Ahumada, 1982, III-IV, p. 16)590. En una comunicación fechada el 23 de marzo de 1879, el cónsul peruano en Antofagasta, Manuel Seguín, informaba a su Ministerio de Relaciones Exteriores que el cable submarino que conectaba a dicho puerto con Valparaíso funcionaba «por medio de aparatos provisionales colocados según algunos a bordo y según otros en la parte de la playa denominada Punta Blanca». De hecho, poco más de dos semanas antes de aquel oficio, el ministro de Guerra chileno informaba al presidente Aníbal Pinto respecto al estado de avance de la instalación del telégrafo submarino, trabajo que de acuerdo a todos los cálculos iba a estar terminado entre el 18 y el 19 de marzo. Lo único que faltaba, a la fecha de la carta, era unirlo con el alambre de tierra y tomar el cable principal, operación que corría por cuenta de un ingeniero especialista en el tema591. La penetración militar en territorio boliviano fue creando nuevos escenarios políticos. Cornelio Saavedra, a la sazón ministro de Guerra y Marina, informaba, por ejemplo, al jefe de la escuadra que las oficinas de aduana y rentas nacionales de los territorios del litoral, ahora bajo control chileno, debían continuar bajo la administración de funcionarios bolivianos. Sin embargo, ellos debían estar al tanto de que la militarización de las zonas adyacentes a Antofagasta tenía por única finalidad proteger a Chile de las amenazas hechas por el gobierno boliviano «contra la pacífica ocupación de su territorio». En el caso de que sus autoridades se negaran a colaborar, Saavedra recomendaba el nombramiento de personas respetables que se hicieran cargo de las oficinas bajo inventario, cuya administración debía correr «por cuenta de la nación boliviana» (Fernández Larraín, Izquierdo Araya & Fuenzalida Bade, 1979, p. 9). 308
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