deseos que mostró el general por albergar a la tropa en la única iglesia que había en Antofagasta fueron tercamente resistidos por el delegado de Larraín469. Sin embargo, el mayor desafío que debió enfrentar Larraín y sus capellanes no fueron los inevitables roces con los militares sino las acusaciones del clero boliviano y peruano, que cuestionaron públicamente la cruzada civilizadora de la Iglesia chilena. A raíz de los sucesos que ocurrieron luego de la toma de Antofagasta y de Mollendo, tanto los ideólogos del nacionalismo católico como sus vanguardias debieron neutralizar dos de las ataques más duros contra el clero de la república civilizadora: la de ser usurpadores y además sacrílegos. VI. LOS DILEMAS DE LA GUERRA SANTA En el folleto publicado por el profesor del seminario de Copiapó, Guillermo Juan Carter —bajo el auspicio de José Manuel Orrego, obispo de La Serena—, el autor intentó poner en claro la falta de validez de las acusaciones de usurpación y de despojo hechas ante la Santa Sede contra Florencio Fontecilla y Ruperto Marchant Pereira y el mismo Orrego (Carter, 1881). El folleto, que sucedió a otro de similares características publicado el año anterior, buscó dar respuesta a dos asuntos fundamentales para el mantenimiento del buen nombre del clero chileno470: los límites de la diócesis de La Serena, que para Carter llegaban hasta el río Loa y por ello era que desde el punto de vista eclesiástico todo el litoral —que había sido boliviano y hoy chileno— correspondía, por derecho, no a la diócesis de La Plata sino al obispado de La Serena; y la acusación de que los capellanes que en 1879 acompañaron al ejército expedicionario habían recibido autorización del obispo de La Serena para arrojar de sus parroquias a los curas de Antofagasta y Caracoles. Cabe recordar que Orrego acuñó la frase «reivindicación eclesiástica» con la finalidad de validar la presencia en el litoral boliviano de sacerdotes chilenos con facultades discrecionales y extraordinarias. La acusación de despojo que el folleto de Carter intentó neutralizar provenía de los párrocos de Caracoles y Antofagasta, Juan José Pizarro Mendoza y Juan Sanz. Este último fue quien elevó la queja ante el arzobispo de La Plata, Pedro Puch, por los abusos cometidos contra los vicarios bolivianos. Los ecos de la protesta llegaron hasta Roma. En una carta fechada el 30 de mayo de 1879 el cardenal Nina, secretario de Estado del Vaticano, hizo público el disgusto de la Santa Sede ante el 218
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