en el poder desde 1990 hasta 2001, y luego de su defenestración ese año, de volver al poder. Sobre este punto me gustaría señalar que antes que urdir una «historia oficial» sobre la violencia, el gobierno fujimorista se negó a elaborarla, valiéndose de una serie de artimañas como la ley de amnistía y la ley interpretativa que reforzaron su política de silencio y de silenciamiento mediante el sistemático soborno o coacción a los diversos actores políticos y a los dueños de medios de la época102. El impacto de esta negación continúa vigente hoy, como lo podemos constatar cuando, contra todas las evidencias del caso, la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori se negó a reconocer los graves delitos imputados al ex presidente Alberto Fujimori en su campaña para las elecciones generales de 2016. Es precisamente porque las memorias subterráneas que fueron hechas públicas en las audiencias acerca de la violencia política siguen siendo negadas y censuradas por amplios sectores de la sociedad, que es posible acusar hoy como terroristas o apólogos del senderismo a quienes exigen una clara formulación de políticas de la memoria desde el Estado. Y es por la misma razón que tales acusaciones resultaron de gran eficacia para asustar a los electores y detener la subida en las encuestas para las elecciones presidenciales de la única candidata cuyo programa de gobierno incluía la elaboración e implementación de políticas de la memoria103. Todos estos hechos ayudan a entender por qué la ausencia de una «historia oficial» de la violencia y su reemplazo por la negación sigue siendo hegemónica en el Perú quince años después de su develamiento por la CVR —como lo revela el casi 40% de votos con los que la candidata fujimorista arrasó en la primera vuelta y el 49,88% con el que a pesar de todas las bien documentadas denuncias y marchas masivas contra su candidatura casi ganó las elecciones. Abren además inquietantes interrogantes acerca de las limitaciones de esas agencias y de esas memorias hechas públicas que individual y colectivamente, en efecto, fisuraron la negación oficial en su momento, pero no con la contundencia necesaria para abrir el debate que producen las historias y las contrahistorias propias de una democracia funcional. Señala la autora que la historia oficial no solo carecía de la fuerza suficiente para borrar aquellos recuerdos del sujeto testimoniante que en efecto la contradecían, sino que además los trabajos de la memoria —en una plataforma propicia como la ofrecida en las audiencias públicas— habrían logrado liberar el presente desde el que las mujeres testimoniaron de la versión oficial del pasado impuesta por el poder político hegemónico. 152
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