En el caso del Perú, se dispone desde la década de 1980 de algunos artículos y ensayos pioneros sobre lo que en ese momento se denominó «violencia política». A lo largo de los noventa, circuitos académicos y políticos despliegan renovados esfuerzos para estudiar los complejos y dramáticos acontecimientos de un período que fue entonces caracterizado como guerra interna, guerra «sucia», violencia política, lucha subversiva y antisubversiva. En algunos de estos textos se llama la atención sobre la ambigüedad y confusión ante situaciones inéditas10 y sobre la dificultad para establecer delimitaciones claras cuando familiares y amigos están en bandos encontrados del conflicto, pero también sobre los modos en que se resignifican los derechos humanos. Cuando ocurren conflagraciones, el curso de vida de las personas se interrumpe, los familiares buscan a sus seres queridos y las organizaciones se repliegan. Presentar una denuncia en esos contextos de violaciones de derechos humanos representa un riesgo, y en el caso del Perú ese riesgo incluye muchas veces ser acusado de terrorista. Durante el gobierno de transición, luego del conflicto armado, el trabajo de la CVR surge como una oportunidad histórica para enfrentarnos con nosotros mismos y con realidades antes silenciadas, inscritas en geografías y paisajes a la vez cercanos y distantes. El trabajo desplegado abrió un universo amplio del cual solo disponemos de la punta del iceberg. En el informe de la CVR presentado en el 2003, documentos, voces y testimonios constituyen un legado para las nuevas generaciones. En medio del conflicto armado, la incertidumbre y el dolor, surgieron organizaciones como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (ANFASEP)11, que dio voz pública a las señoras madres y esposas de muchos desaparecidos. Más adelante surgió la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia política de Ayacucho (CORAVIP), conformada por jóvenes que serían parte activa de las movilizaciones por derechos humanos, justicia y demandas por reparaciones y oportunidades de desarrollo. Aunque sus reclamos han sido lenta e insuficientemente atendidos y no han logrado ser prioridad para los gobiernos, hay nuevos procesos de afirmación ciudadana desde los márgenes, y sus testimonios filtran la cultura política y producen sus propios relatos, entrando a la disputa por la memoria. Nuevos rostros, sobre todo jóvenes, ingresan a la política local desde su condición de afectados, labrando su propia trayectoria individual o colectiva; en otros casos despliegan capacidades de agencia labradas en trayectorias previas12. 14
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