Hoy, ante la nueva e ilimitada amenaza que para el comercio neutral crea el propósito del Gobierno alemán dentro de las zonas cerradas, siento verme obligado, con mayor razón que antes a dejar nuevamente a salvo los intereses de mi Gobierno y de mis conciudadanos y a declarar que él no puede admitir la resolución del Gobierno de Vuestra Excelencia que me ocupa, por estimarla incuestionablemente opuesta a las leyes internacionales y a los legítimos derechos de los neutrales. Rogando a Vuestra Excelencia se digne trasmitir a su Gobierno las reservas y observaciones que quedan formuladas, le renuevo, señor Ministro, las seguridades de mi alta y distinguida consideración (De Lavalle, 1919, p. 13). Por esta razón, el gobierno peruano dispuso la presencia de armas de defensa en sus buques mercantes ante cualquier eventual ataque alemán. En su Memoria al Congreso en 1917, el canciller peruano justificó la medida de la siguiente forma: Los horrores que viene causando la actual campaña submarina alemana creo que justifican ampliamente nuestra resolución, desde que es evidente que los buques mercantes no pueden hoy traficar sin algunos elementos de defensa contra los ataques de los submarinos, por lo que es racional y justo que su presencia a bordo, con las condiciones que he señalado, no haga perder a las naves su carácter mercantil (De Lavalle, 1919, pp. 13-14). Finalmente, frente al plan de destrucción trazado por el gobierno alemán respecto de las naves mercantes de ese país inmovilizadas en puertos extranjeros desde el comienzo de la guerra, su par peruano ordenó, el 29 de setiembre de 1916, la custodia de los buques alemanes que se encontraban en los puertos peruanos con el fin de impedir que se llevara adelante la labor destructora ordenada por el gobierno alemán, y permitió a los tripulantes permanecer a bordo. El Perú entendía que frente al derecho de destrucción de las naves por parte del gobierno alemán, se podía optar por su aprovechamiento y utilizarlas para satisfacer necesidades vitales y urgentes de nuestro país. Asimismo, la inutilización de estos buques los convertía en pontones incapacitados para moverse en circunstancias que la seguridad del puerto hiciere necesarias. Ante esta medida, el gobierno alemán protestó enérgicamente y manifestó que no le era posible compartir los puntos de vista del gobierno peruano, en la medida que la inutilización de los buques alemanes respondía a la voluntad de los armadores de dichos buques y, asimismo, que esta destrucción no causaba perjuicios al Estado peruano ni a particulares. Sin embargo, el 29 de enero de 1917, el gobierno peruano 62
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