político de la naciente republica dependía fundamentalmente de estas redes patrimoniales. Ramón Castilla (primer mandato: 1845-1851, segundo mandato: 18551862) obtuvo la presidencia con la promesa de poner fin al caudillismo mediante el impulso de la paz pública. Su oferta se materializó a través de la compra de la tregua política con las ganancias del boom del guano, lo que permitió reforzar y extender las redes de clientela. Esta relación patrimonialista consolida una «institucionalidad criolla» (Mc Evoy, 2017) en la cual el gobierno asume las directivas del patrón y cualquier arreglo legal, por tanto, no es visto como el ejercicio estricto de la ley, sino como un regalo o privilegio otorgado por aquel que ejerce el poder. En este marco, la Ley de Consolidación de la Deuda Interna, promulgada en marzo de 1850, fue la que permitió la entrega de prebendas (Quiroz, 2013)2. El contrato Gibbs fue también otro instrumento que permitió al Estado acceder directamente a los dividendos guaneros. A los restos de la vieja nobleza colonial se suma la nueva plutocracia del guano, el fosfato y el algodón. En este contexto, el poder económico y el poder político se concentran en cuarenta familias emparentadas por alianzas matrimoniales y de negocio que les permiten controlar la economía del país y ejercer la política y lo público como si fueran ámbitos privados o familiares. A este reducido grupo social se les denomina la «oligarquía» (Bourricaud y otros, 1969), quienes, mediante la triada de la cruz, la espada y el guano, controlan el país (Mc Evoy, 2017). Jorge Basadre bautizó a este periodo como la «prosperidad falaz», en el que la riqueza del boom guanero no sirvió para el desarrollo del Perú, sino para el enriquecimiento de este grupo. La oligarquía, si bien compartía las mismas bases materiales y culturales de dominación, no era un grupo políticamente cohesionado, ya que en su interior coexistían sectores conservadores tradicionalistas y otros liberales modernizadores. Sin embargo, las redes clientelares enhebradas por los militares que se consolidan con la «institucionalidad criolla» son particularmente reticentes al cambio. Prueba de ello es la resistencia al proyecto modernizador de Manuel Pardo y Lavalle (1872-1876), quien buscaba cortar la influencia militar en el quehacer político para recuperar «el respeto por la ley y el amor por las formas republicanas» (discurso de Manuel Pardo al asumir la presidencia, 27 de julio de 1782). Su gobierno enfrentó muchas dificultades para concretar su promesa. Su asesinato en 1878 selló cualquier posibilidad de reforma, aún a pesar de que la 24
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