16. Esta medida volvió a agitar las viejas rencillas entre clubes de Lima y provincias, pues estos últimos argumentaban que los clubes limeños difícilmente serían bajados a Segunda División. Este debate se realizó al interior de la ADFP, dirigida en ese momento por Carlos Santander, representante del Cienciano del Cusco. Muchos de los equipos provincianos pasarían a jugar la Copa Perú; estos, además, encontraban ofensivo el desdén con el que eran tratados. Basta leer las palabras de Grande sobre quienes descendían: «Los clubes que han descendido no eran realmente para un nivel profesional, y no sabemos cómo vivían sus jugadores»190. Los clubes provincianos lucharon contra la aplicación de la resolución 001 y encontraron una oportunidad en el DL 695, pues la declaración de emergencia llamaba a una reorganización inmediata del IPD. Por tanto, este organismo no podía emitir resoluciones. El 16 de noviembre, la ADFP presentó al IPD una propuesta alternativa a la aprobada por la FPF, que tenía el objetivo de evitar el «descenso descomunal» de equipos provincianos. En paralelo, elevaron un pedido a la Cámara de Diputados para derogar dicha resolución. El lunes 25 de noviembre, la Cámara de Diputados elevó un documento de sustento al Ministerio de Educación en el que pedía que, mediante el IPD, se derogara la resolución porque atentaba contra el fútbol provinciano191. Con este documento, se le solicitaba al ministro Augusto Antoniolli la intervención contra el decreto de la FPF. Las protestas en el seno de la ADFP tuvieron amplia difusión mediática; se acusó a la FPF de querer «limeñizar» el fútbol y hasta se amenazó con la disputa de un campeonato paralelo al nuevo Descentralizado. Se trataba de una situación complicada. Por un lado, es cierto que los clubes de provincias han sido mayormente marginados del control del fútbol profesional, pero, por otro, una vez al mando no supieron mantener el orden mínimo para que su propuesta de Torneos Descentralizados Regionales se desarrollara con éxito. Una intervención informada tendría que haber identificado los errores en el manejo del torneo para poder subsanarlos. Ello se vinculaba con mejorar la disponibilidad de recursos económicos para invertir en mejor fiscalización y entrenamiento de reguladores. Sin embargo, en un contexto de repliegue del Estado, tal medida era, por supuesto, inimaginable, así que la opción más factible era el recorte —como ocurría también en otras esferas de la vida social—. 189
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