decreto legislativo 695189 que declaró en emergencia al sistema deportivo nacional. Este fue uno más de todo un paquete de decretos que declaró distintos sectores en emergencia bajo el argumento de que no cumplían sus funciones ni contribuían con el proceso de pacificación nacional. La declaración de estados de emergencia buscaba saturar el aparato público y facilitar que el Ejecutivo y sus organismos afiliados (algunos inclusive al margen de los poderes del Estado) pudieran operar sin control del Legislativo. En efecto, a mediados de noviembre, más de 120 decretos se publicaron en pocos días, de los cuales 35 correspondían al rubro de pacificación (CVR, 2003, t. III, 2.3). Así pues, el deporte fue una piedra más de la avalancha dirigida al Legislativo. En su exposición de motivos, este decreto legislativo señalaba que «el deporte forma parte de una acción integral en sus múltiples y variadas manifestaciones, siendo una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria, que orienta al desarrollo del país y al logro de la pacificación y el equilibrio emocional de sus habitantes». Continuaba indicando que «el proceso de pacificación se dificulta por la influencia de acciones subversivas en la población decepcionada por la carencia de un servicio deportivo eficiente y por los continuos fracasos de los elementos representativos del deporte nacional en las competencias internacionales». Aunque parezca inverosímil, para los promotores de este decreto, una de las causas de la subversión terrorista se encontraba en la ausencia de oferta deportiva y en los fracasos de la selección nacional de fútbol —hacía poco más de un año que el Perú había perdido la clasificación al Mundial Italia 90—. Así, se dejaba sin efecto la designación del Consejo Nacional del Deporte (CND) y desde ese momento el presidente de la república tendría potestad de designar al presidente de dicho organismo; los otros cuatro representantes debían ser designados por resolución del Ministerio de Educación. Además, el DL 695 señalaba que las directivas de las federaciones serían designadas por el Consejo Nacional del IPD, debiendo asumir sus funciones el 2 de enero de 1992. Finalmente, brindaba 180 días para que el CND proyectara una nueva Ley General del Deporte. Para diciembre de 1991, Josué Grande, presidente de la FPF, ya había señalado a la prensa que no tenía intensión de reelegirse en su cargo. Esto ocurría mientras se esperaba la elección del nuevo presidente del IPD. Sin embargo, aún bajo su dirección, se emitió la resolución 001, la cual aprobaba la reducción del número de equipos de Primera División de 42 a 188
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