abril de 1990, más de tres meses fuera de fecha y solo tres semanas antes de que arrancara el nuevo certamen. Peor aún, en 1990 participaron en Primera División 44 equipos, como resultado del proceso iniciado en la década anterior. Una liga con tal cantidad de equipos era inmanejable para las condiciones de la época. Ese mismo año, un joven abogado de 33 años inició su carrera como asesor jurídico en el sector público. Nos referimos a Manuel Burga Seoane, cuyo contacto con el deporte se inició en la década de 1980, al frente de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos (ADECORE). En 1990, Burga se desempeñaba como asesor principal de Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados y representante de Arequipa por el Partido Popular Cristiano. Era la primera experiencia de Burga en el Estado, una relación que se desarrollaría a lo largo de la década, al convertirse en asesor de varios ministerios e inclusive al ocupar puestos directivos en órganos de control público. Burga resultó ser un asesor eficiente y con buenas relaciones con el régimen de turno. Inclusive, en 1996 postuló sin éxito al congreso por Renovación Nacional, liderado por Rafael Rey. En un contexto convulsionado y con urgencia por encontrar prontas soluciones, los clubes limeños trataron de solucionar el caos y optaron por separarse de la ADFP; asimismo, constituyeron la Región Metropolitana de Fútbol. Manuel Burga fue invitado a liderar esta iniciativa186. Escoger a un novato con poca experiencia en fútbol escolar revelaba la pobreza directiva del momento. Sin embargo, una vez en el cargo, Burga comenzó a hacerse conocido por su lucha contra la falsificación de entradas y el «carrusel»187 en los estadios. Pero desembarazarse de los clubes limeños no fue suficiente para que la asociación pudiera mejorar su capacidad fiscalizadora en el desarrollo del torneo. A mediados de 1990 estalló el escándalo cuando se reveló la existencia de partidos fantasmas. En efecto, en la región Centro, los clubes Deportivo Junín, Defensor Anda de Aucayacu y Alipio Ponce de Mazamari fraguaron actas de partidos que nunca se habían jugado, con la intervención directa de sus dirigentes188. Aunque los clubes fueron sancionados con el descenso inmediato, la reputación de la ADFP quedó mancillada al comprobarse que carecían de medios para garantizar condiciones mínimas en el desarrollo del torneo. Esta situación sirvió para que el legislador Daniel Espichán (del partido oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90) promoviera la promulgación del 187
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