transfiere a la sociedad civil y al sector privado parte de sus responsabilidades sociales. De esta manera, la búsqueda de la eficiencia y la modernización legitiman al mercado como organizador de la vida social y política (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006). En el Perú, el gobierno se encargó de realizar las reformas que los organismos internacionales demandaban para reinsertar el país en la comunidad financiera internacional. Entre las principales podemos destacar la liberalización comercial y financiera, la flexibilización del mercado de trabajo y las medidas de promoción de la inversión privada. Además, se inició un proceso de privatización de las empresas públicas y la racionalización de la administración pública (Panfichi & Coronel, 2009; Manky, 2011). Poco después, el 5 de abril de 1992, Fujimori concretó el autogolpe, disolvió el Congreso y, en noviembre de ese mismo año, convocó a elecciones para elegir miembros del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD). Desde este momento el gobierno contó con mayoría en el Congreso, una nueva Constitución que brindó el soporte legal a las reformas neoliberales e inauguró un gobierno autoritario. Por dos razones, este contexto es importante para entender lo que hemos denominado el proceso de apropiación de la FPF. La primera es la privatización de empresas públicas que inició el proyecto neoliberal fujimorista, que puso en tela de juicio la administración pública de empresas y servicios por burocrática e ineficiente, y dio preferencia a la gestión privada, considerada de mejor calidad. Así, el Estado debía abandonar todo tipo de participación en espacios que antes habían sido considerados de interés público, como el deporte y la educación. Este proceso es concomitante a la transformación en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil organizada, grupo sumamente heterogéneo y con distintos grados de acercamiento al gobierno. Si bien las organizaciones de base, como los sindicatos o los comedores populares, fueron debilitadas con el recorte en derechos laborales y subvenciones (Manky, 2011), otras pudieron acercarse mediante relaciones de cooperación con el Estado. Tal es el caso de las ONG, que, al ser portadoras de conocimiento sobre experiencias locales que demandaban las agencias internacionales de cooperación, en muchos casos se incorporaron como ejecutoras de políticas sociales183, aunque no como establecedoras de la agenda política (Bobadilla & Barreto, 2000). Recordemos que el gobierno fujimorista destruyó el sistema de 183
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