ese sentido, referidos a arbitrariedades y robos cometidos por las tropas chilenas en Lima, así como en los alrededores de la ciudad. Además, refiere las noticias presentadas por el New York Herald, sobre cómo fueron plantados en Valparaíso árboles y arbustos «saqueados de los terrenos de la Exposición y del Jardín Botánico» de Lima; o sobre cómo fueron instalados en la plaza de Armas de Santiago bancos de mármol y estatuas procedentes de la capital peruana, entre otras cosas. La misma autora alude a «la institucionalización del robo por parte de bandas armadas», al referirse a la expedición dirigida por Ambrosio Letelier133 en la sierra central, cuyos integrantes fueron luego procesados por orden de Lynch (2011a, pp. 358 y 367-369). Un importante periodista chileno de la época, Zorobabel Rodríguez134, planteó abiertamente lo que Héctor López Martínez ha denominado como «verdadero programa de expoliación»: El Perú tiene algunos ferrocarriles productivos: explotémoslos por cuenta de Chile y, en caso necesario, destruyámoslos y traigamos a Chile sus rieles, sus máquinas y su equipo. Tiene contribuciones fiscales y municipales: cobrémoslas por cuenta de Chile. Tiene […] depósitos de guano: pongámonos en el acto a vender cargamentos a bordo a quien quiera comprarnos. Tiene palacios lujosamente alhajados, establecimientos públicos con menajes que valen muchos centenares de miles, estatuas, museos, bibliotecas: que todo esto sufra la ley del vencedor […] (1989, p. 63). Las apropiaciones de bienes culturales durante la ocupación de Lima y las confiscaciones de maquinarias constituyen asuntos que, por lo general, han sido poco trabajados. Una excepción en este sentido es el artículo publicado en 2011 por el historiador chileno Milton Godoy Orellana, quien —a partir de la documentación existente en repositorios chilenos— ha estudiado el papel de los representantes del Estado chileno con respecto a dichas apropiaciones y confiscaciones, al igual que las reacciones que ante ellas se suscitaron en Chile. Concluye que esas acciones no constituyeron una política de Estado, pero sí una práctica que en su momento no fue reprimida y que requirió de algún concierto entre las autoridades militares y políticas de la ocupación. Salvo cuando se develó —consciente o inconscientemente— a través de la prensa y la discusión llegó a la Cámara de Diputados, el tema pudo ser discutido con el recatado silencio que solicitó Balmaceda (2011, p. 323)135. A pesar de las intenciones dirigidas a plantear una ocupación ordenada, 89
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