militar, apoyada por las fuerzas navales, y con un eficaz sistema de comunicación, por medio del correo, el telégrafo y el vapor. El Perú tenía diez departamentos litorales, de los cuales las fuerzas chilenas ocupaban los de Tarapacá, Tacna, Ica, Lima, La Libertad y Lambayeque. Los otros cuatro —Piura, Áncash, Arequipa y Moquegua— sufrieron la presencia chilena fundamentalmente a través de operaciones de sus buques de guerra. Así, estos bloquearon el puerto de Mollendo y vigilaron los de Ilo e Islay (Mc Evoy, 2011a, p. 359). En el caso de Paita, hubo una primera incursión chilena en setiembre de 1880, que significó una ocupación de tres días. En una segunda oportunidad ese puerto fue tomado de manera pacífica el 11 de junio de 1881. Los chilenos crearon la jefatura políticomilitar de Paita, que estuvo a cargo del comandante del Huáscar, Emilio Valverde (Ahumada Moreno, 1884-1891, VII, p. 144; Núñez Peña, 2004, pp. 485-486). Allí la imposición de la autoridad chilena se dio a partir de un pacto realizado entre las fuerzas chilenas, los vecinos de Paita y el vicecónsul británico, de acuerdo con un esquema que se repitió en otras localidades de la costa norte, y que supuso un compromiso de «protección» a cambio de recursos económicos. El caso de Paita tuvo una peculiaridad: la tarea de brindar seguridad al puerto no estuvo solo a cargo de los chilenos, sino que fue compartida con la guardia urbana local. Esta —que recibió diez rifles de los chilenos— estuvo encargada del patrullaje entre las seis de la tarde y las siete de la mañana, que era el lapso en el cual las fuerzas chilenas abordaban el Huáscar para descansar (Mc Evoy, 2011a, pp. 360-361). En cuanto a la ciudad de Piura, las fuerzas chilenas la ocuparon en octubre de 1881, pero solo por dieciséis días (Núñez Peña, 2004, p. 487)121. En junio de 1881 Lynch nombró al coronel Samuel Valdivieso122 como intendente de Lima, con funciones que no interferían con las del municipio. Semanas más tarde, luego de que las conversaciones de paz con el gobierno provisorio no llegaran a buen puerto, se procedió a la clausura del Congreso en Chorrillos, al desarme de las tropas y al desconocimiento del gobierno provisorio, así como a la posterior deportación de Francisco García Calderón. En diciembre de ese mismo año cesaron las funciones del Concejo Municipal de Lima, y las autoridades de ocupación nombraron como jefe político de Lima a Adolfo Guerrero123. En lo referido a los asuntos fiscales, en setiembre de 1881 se ordenó el cese de funciones de la Junta de Vigilancia Fiscal y se nombró a Bernardo Irarrázaval124 como cajero fiscal (Ahumada Moreno, 1884-1891, VII, pp. 112-119 y 131). 86
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