presupuesto de 1879-1880, el cual no podía sostenerse a partir de las medidas antes mencionadas (Guerra, 1996, p. 152). Por eso, García Calderón tuvo que recurrir a préstamos de personas particulares para poder asumir los gastos administrativos y efectuar los pagos de cupos de guerra. Entre los prestamistas se contaron Jacobo Backus, Juan J. Cortés, Manuel García Calderón, Óscar Heeren, José Antonio de Lavalle, Gabino de Menchaca108, Pedro I. Serdio, Felipe Diego Schiaffino, Benito Valdeavellano, la casa Graham Rowe y el Banco de Londres, México y Sudamérica. Esos préstamos se efectuaron entre mayo y noviembre de 1881 (Guerra, 1996, pp. 157-158). La Delegación tuvo también iniciativas propias para generar recursos, como fue el caso de la propuesta para emitir mil bonos de aduana, bajo la «forma de empréstito», por un valor total de cien mil soles plata [406], la cual fue aprobada por el gobierno central109. En total la Delegación llegó a colocar 782 bonos (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, pp. 749). En efecto, en los libros copiadores se da cuenta de varias transacciones realizadas con bonos de aduana. Por ejemplo, cuando Guillermo A. Seoane110 partió hacia Bolivia como secretario de la Legación peruana, en marzo de 1882, recibió de la Delegación mil soles plata en bonos de aduana [347]. Además, la Delegación envió al general Cáceres —por intermedio de Augusto Benavides111— doscientos bonos de aduana, como subsidio para su ejército112. Sin embargo, dicha emisión de bonos no fue suficiente, porque el país no tenía un sistema tributario organizado para afrontar la guerra (Basadre, 1983, VI, p. 126). Así, vemos que la Delegación tuvo discrepancias con el jefe político-militar del Sur — Carrillo—, en lo relativo a la aplicación de los bonos en la aduana de Mollendo. Ese puerto se había convertido en un punto importante para el ingreso y salida de productos, tanto para el sur del Perú como para Bolivia, y consecuentemente los derechos de aduana generados allí suponían un notable ingreso para las finanzas del gobierno provisorio [74]. Así, todas las autoridades que tuvieran aduanas bajo su jurisdicción, debían aceptar los bonos que se presentaran en pago de los derechos correspondientes a la entrada o salida de productos. Al parecer, Carrillo no los aceptó, dado que en una comunicación de abril de 1882 la Delegación le insistía en que siguiera las instrucciones indicadas en esa materia [121]. Poco después, Carrillo solicitó explícitamente que los bonos no fueran aplicados en las oficinas de aduanas de su jurisdicción, por su urgente necesidad de liquidez. La Delegación alegó que la solicitud debía ser rechazada, porque 77
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx