oficial que detectó irregularidades graves en el manejo de dichos fondos, aunque nunca se estableció una sanción (2013, pp. 231-232). A diferencia de los gobiernos de Prado y de Piérola, el gobierno provisorio presidido por Montero no tuvo la capacidad de dictar normas hacendarias con el propósito de estabilizar la economía nacional104, y mucho menos para tratar la deuda externa con los acreedores internacionales. Tanto Prado en 1878, como Piérola en 1880, habían propuesto a los tenedores de bonos la entrega de los ferrocarriles como forma de pago, pero dicha oferta no fue aceptada (Basadre, 1983, VI, pp. 199-200; Sobrevilla, 2003, p. 405). A fines de 1879 Prado había nombrado a Francisco Rosas105 y a Juan Mariano Goyeneche106 como comisionados en Europa para tratar con los tenedores de bonos. El resultado fue el contrato con el Crédit Industriel, que representaba a los bonistas belgas, franceses y holandeses. Este acuerdo nunca llegó a concretarse porque Piérola, ya como dictador, lo desautorizó (Quiroz, 2013, p. 230), puesto que había iniciado conversaciones con la Casa Dreyfus, que tampoco llegaron a buen fin. La situación para 1881 era tan difícil que los tenedores optaron por dirigirse a los representantes chilenos, con los cuales acordaron la explotación de las islas guaneras con la condición de que, por cada tonelada de guano, Chile recibiría treinta libras esterlinas. La casa encargada de la consignación fue la de Gibbs e Hijos. Dicho acuerdo funcionó entre mayo de 1881 y febrero de 1882 (Sobrevilla, 2003, p. 403), que fue cuando Chile cambió de estrategia y lanzó al mercado la venta de un millón de toneladas de guano de las islas. Por cada tonelada los bonistas recibirían el cincuenta por ciento del valor, descontando los gastos de explotación y envío (Dancuart & Rodríguez, 1903-1926, XV, pp. 64-65). La documentación que en este libro publicamos presenta muchas comunicaciones que reflejan la preocupación del gobierno de Montero por cubrir los diversos gastos derivados de la guerra: por ejemplo, el pago de los sueldos de los militares; o la compra de botas para las tropas; o la compra de medicinas; o la adquisición incluso de materiales de oficina, como papel timbrado y sellos; o la atención de los requerimientos de los jefes militares y diplomáticos para gastos inmediatos. En su condición de agentes confidenciales, Candamo y Elías tuvieron la ingrata tarea, en varias ocasiones, de comunicar a los representantes del Perú en el exterior la imposibilidad del envío de fondos. Por ejemplo, a Francisco Rosas, ministro en Francia, le manifestaron lo siguiente: 75
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